Por Mario López M.

Montes, que entre otras causas investigaba a Piñera por el caso LAN coimas en Argentina, hará efectiva su salida el 12 de enero próximo.

Mediante una carta, Montes informó que la decisión se debe a su nombramiento -"luego de un concurso público realizado mediante el sistema de Alta Dirección Pública"- como fiscal de la Unidad de Investigación de la nueva Comisión para el Mercado Financiero, institución que reemplazará a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

"Recibo este nombramiento con sentimientos encontrados, toda vez que significa dejar nuestra Fiscalía Regional, que hemos construido y compartido desde el año 2004", escribió el abogado en la nota publicada y que fuera dirigida a persecutores y funcionarios del Ministerio Público.

La Comisión para el Mercado Financiero entrará en funcionamiento en agosto de 2018. La renuncia fue confirmada a través de redes sociales por el Ministerio Público, que dio cuenta que el fiscal nacional, Jorge Abbott, aceptó la dimisión y le deseó a Montes  "el mayor de los éxitos en sus nuevas tareas".

Una de las investigaciones que dejará Montes es la que se sigue en contra del expresidente y actual Presidente electo Sebastián Piñera, por el caso denominado “coimas” en Argentina, país en que se encuentra imputado judicialmente por la fiscalía local.

Montes viajó a Argentina a recabar información e interrogó a altos funcionarios públicos trasandinos acerca del tema que mantiene en la cárcel a un par de exministros y subsecretarios en ese país.

Ley Mordaza

Ayer, un correo firmado por Jorge Abbott sobre una nueva resolución interna que entraba en vigencia llegó a los funcionarios de la Fiscalía. Con el asunto de “Política de comunicaciones del Ministerio Público”, dio a conocer que desde ahora se limita las comunicaciones públicas de los persecutores sobre casos de contingencia nacional que, eventualmente, puedan llegar a ser investigados penalmente. A tanto llega la norma, que el filtrar información de causas fue catalogado como un hecho de “corrupción”.

Cuatro párrafos son los cuestionados a la nota de Abbott, en que se detalla que no se puede entregar “información sensible” a terceros “sin autorización del Fiscal Nacional o del Fiscal Regional, según corresponda”, especificando además cuáles son los canales a través de los cuales los fiscales pueden hablar con los medios de comunicación.

Asimismo, uno de los párrafos de la extensa nota de 18 páginas, señala que “fiscales y funcionarios del Ministerio Público deben abstenerse de emitir opiniones relacionadas con investigaciones penales actuales o con ámbitos que anticipen posiciones o juicios en casos que podrían ser objeto de tratamiento institucional a futuro, a fin de evitar la afectación al principio de objetividad. Con tal propósito, y resguardando el derecho a la libertad de expresión, tal específica abstención se extiende a todo tipo de canales de comunicación, sean oficiales o no”.

Trinidad Steinert, presidenta de la Asociación de Fiscales, dijo que  esta frase “marca un quiebre” ya que “puede entenderse que se está refiriendo efectivamente a las cuentas privadas de los fiscales (redes sociales) y, por lo tanto, es algo que vamos a conversar con el fiscal nacional, porque entendemos que por vía reglamentaria o vía oficio no puede abordar o expandir su autoridad a la vía privada de los actores del Ministerio Público”.

No solo eso, dijo que “hay partes complicadas y que atentan contra la libertad de expresión, lucha que el gremio ha dado en forma histórica (…). Yo creo que esta es una especie de ‘ley mordaza’, nos preocupa este oficio”.

Abbott, acusado de ser quien llegó a implementar la impunidad en materia de financiamiento de políticos, da un nuevo paso en orden a silenciar una de las instituciones que, antes de su llegada, era una de las mejor evaluadas por la sociedad.