El debate sobre las cajas de alimentos como política pública para ayudar a las familias vulnerables abrió diversos temas sobre como el Gobierno está ayudando a las familias, a los trabajadores y a las pequeñas empresas para sobrevivir a los múltiples efectos que acarrea el Covid19.

La élite destacaba durante los últimos años que el Producto Interior Bruto, (PIB) per cápita superaba los US$ 22.000, la disminución de la pobreza por ingresos al 9% de la población, la expansión de la clase media emergente y el acceso de importantes mayorías al consumo y, por eso resulta incongruente a esa imagen de país exitoso que la principal política pública para ayudar a las familias ante la crisis por Covid19 sea una caja de alimentos de $35.000 por familia que tiene un costo de US$ 100 millones.

Una caja de alimentos que iba a ser para el 70% de las familias, que después era para el 70% del 40% más vulnerable y que aún no existe claridad sobre su distribución en las familias vulnerables en el país porque existen distintos discursos ministeriales en el despliegue de entregar 1.000 cajas diarias por comuna, lo que significa que la distribución durará muchas semanas.

Al hacer una revisión de los apoyos gubernamentales se concluye que son insuficientes y débiles ya que no permiten ser efectivos en las medidas de confinamiento en el mundo popular y que la clase media está completamente marginada de estos apoyos: Bono covid19 fue para el 10% de la población vulnerable, 2,5 millones de cajas de alimentos pero que sólo recibirán el 70% del 40% más vulnerable con lenta distribución y el bono decreciente de $65.000 sólo será para 1,9 millones de hogares que significan apenas un 66% del 40% más vulnerable, estas medidas significan un gasto fiscal de US$ 1.100 millones de un total de US$ 17.000 millones que se anuncian como plan gubernamental, pero sólo un 6,5% de los recursos anunciados van en apoyo de las familias vulnerables.

Aún no hay apoyo a los 1,2 millones de trabajadores independientes que boletean vía honorarios, ya que el Ministerio de Hacienda propone que sea vía “préstamo fiscal” o sea que en los años siguientes sean descontados de las declaraciones de impuestos lo cual fue rechazado por la oposición en el Senado y en el caso de la clase media emergente -que era destacada como un fuerte apoyo social del piñerismo- ha sido abandonada, no tiene ningún apoyo gubernamental y debe “sobrevivir” sin apoyos económicos ni sociales.
Es una clase media que mayoritariamente tiene una caída de sus ingresos, muchos están en el Seguro de Cesantía –ya sea por suspensión laboral y despido- lo que significa una caída de 40% a 50% de sus ingresos, lo cual implica estar viviendo con miedo frente al desempleo y también frente al coronavirus.

Es producto de este insuficiente apoyo gubernamental a las familias vulnerables y de clase media que diversos expertos han señalado que es incomprensible la falta de apoyo habiendo recursos fiscales ahorrados (US$ 12.000 millones en el Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad (FEES) y que hay bajo endeudamiento neto (8,5% del PIB en 2019) lo que ha sido resumido en una propuesta de los Rectores de las Universidades de Chile y Católica realizado por sus académicos donde señalan “que existe un mayor espacio fiscal para implementar políticas adicionales. Una estimación conservadora indicaría que un endeudamiento de 5% del PIB planteado y un mayor gasto de 3-5% del PIB son posibles de implementar en la medida que su alcance sea estrictamente transitorio”.

Lo que resulta más preocupante es la indiferencia del Gobierno frente a las propuestas económicas presentadas en esa Mesa Social y que el Ministro de Hacienda insista en repetir su discurso del tremendo esfuerzo fiscal, destacando –de nuevo- que es el más grande de la historia. Pero el análisis de los números revelan -como lo señalan el informe de los Rectores- que “el paquete de medidas de gasto público adicional (es decir, más allá de las reasignaciones presupuestarias) previsto para mitigar los efectos de la pandemia es relativamente pequeño y asciende, hasta ahora, a un 0,5% del PIB. Es posible hacer un esfuerzo mayor”.

Lamentablemente el Gobierno no escucha otras opiniones sólo quiere adhesiones. Eso es malo para Chile.