Foto: Lienzo colgado en sede de RD con la leyenda “Hicieron de nuestras necesidades el mejor de sus negocios”

Los nuevos anuncios del presidente de Revolución Demócratica senador Juan Latorre anunciando la expulsión del ex Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y del ex director Ejecutivo de Democracia Viva, Daniel Andrade más el congelamiento de la militancia de la diputada Catalina Pérez, revelan que en ese partido han optado por desligarse de cualquier vínculo con esta corrupción que lleva ya dos semanas dominando la agenda pública del Gobierno y del país. 

El asedio político que ha sufrido la diputada Pérez por parte del senador Latorre, sus icónicos alcaldes/as y del diputado Brito muestran que Revolución Democrática (RD) decidió que ella y su círculo cercano pagarán las culpas de este caso y así poder salvar a su organización politica o sus despojos...

Los últimos antecedentes revelan que está fundación que está ligada a la cúpula RD y a sus figuras emblemáticas como Giorgio Jackson y otros que incluso participaron en la campaña del Apruebo de septiembre 2022 y que desde ahí saltaron al programa del Minvu de apoyo a los Asentamientos Precarios donde empezaron a contratar a fundaciones y militantes sin expertise, ni trayectoria en el trabajo en campamentos, va a ser como muchos señalan "la estocada de la muerte de este partido".

Existe la legítima duda política que este mecanismo haya sido un acuerdo entre la gente RD con sus amigos de la fundación Democracia Viva o Urbanismo Social o ProCultura u otra en Atacama que presentan un similar modus operandi de darle a fundaciones amigas de RD suculentos y millonarios convenios exentos de toma de razón para implementar programas de apoyo a campamentos que no se ejecutan o se ejecutan parcialmente.

Como graficó tan duramente el senador socialista Fidel Espinoza, "encontraron la papa, hagamos una fundación, colocamos unas cositas por ahí (en los campamentos) y recibimos cuantiosos recursos".

La otra duda legítima, es que si esa plata iba a los bolsilllos de los dirigentes de RD para enriquecerse o se usó para hacer proselitismo en esos asentamientos precarios y en otros lugares.

La idea que se cumplan esos fines sociales con fundaciones inexpertas, aficionadas y amateurs, pero "amigas con ventaja" del partido oficialista es una clara irregularidad y corrupción que ha sido siempre cuestionada en democracia.

En 2022 se incrementaron los recursos de este programa de Asentamientos Precarios  para definición de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) del ministerio de la Vivienda (Minvu) y estos contrataron via trato directo a Fundaciones carentes de experiencia organizacional y ligadas a militantes de estos nuevos partidos -que cuando eran oposición- cuestionaban estas asignaciones directas, pero ahora las avalan y las alaban -haciendo un juego de palabras- ya que son beneficiados por esta modalidad contractual para enriquecerse de la forma más vil, con la plata que ayudaría a los más pobres de los pobres.

En todos los círculos políticos ha molestado que el Minvu haya fomentando los Tratos Directos con organizaciones casi formadas para el efecto y desechó la concursabilidad que es lo que manda el articulo 23 de la ley de presupuesto.

Este abuso de los tratos directos para seleccionar organizaciones que ayuden en este programa de Asentamientos Precarios es cuestionado hoy como fue cuestionado en el gobierno anterior y eso generó una reforma a los tratos directos que los limitó y acotó a situaciones excepcionales en la nueva ley de compras públicas que se aprobó a inicios de junio en el Senado y que ahora está siendo revisada por la Cámara de Diputados.

Pero el Minvu bypaseó este acuerdo con el argumento que estos recursos están en subtitulo 33 de la ley de Presupuestos y no en el subtitulo 22 de bienes y servicios de consumo, con lo cual se argumenta con una leguleyada presupuestaria, para darle cobertura legal a una muy mala práctica en materia de compras públicas.

Esta situación debilita la posición del ministro Carlos Montes, quien siendo senador hace un año y medio cuestionó los tratos directos y ahora firmó una resolución para darle facultades a los Seremis de Vivienda de todo el país para implementar este programa que terminó ejecutando lo que el criticaba antes. Hay fallas en la gestión del ministro Montes quien argumenta rabia y enojo por lo que ocurre, pero sin una autocritica de su falta de control de todos los Seremis de Vivienda. 

Hay responsabilidad política en este affaire del ministro Montes que no se agota con la renuncia de la subsecretaria de Vivienda que según ella misma "no le alcanzó a avisar" al secretario de Estado de esta grave situación.

También es un grave error político que el presidente Boric blinde y defienda al seremi de Vivienda del Maule y a la Delegada Presidencial del Bio Bío, lo que motivó la crítica pública de los senadores oficialistas Gaston Saavedra, Juan Luis Castro y Fidel Espinoza. Al final, el propio mandatario tuvo que aclarar el tono de su defensa.

Lo grave es que la crisis con epicentro en RD y en el Ministerio de Vivienda termina salpicando al presidente Boric que termina dando explicaciones por estas irregularidades y su defensa a funcionarios RD siendo que el día anterior había dicho que no defendería a nadie "caiga quién caiga".

El país requiere una agenda de Probidad 3.0 donde se establezcan estándares más altos a las Fundaciones, reforzar la concursabilidad en los recursos de la ley de presupuestos, limitar al máximo los tratos directos, regular la descentralizacion de competencias a seremis y otras iniciativas que debieran ser respaldadas transversalmente para tener un mejor uso de los recursos públicos que deben ir en beneficio  a los chilenos/as más vulnerables.

Esta crisis política sigue su curso y está inundando a muchos actores revelando que estas graves irregularidades pueden ser el episodio que deterioró profundamente la credibilidad del gobierno y del Presidente ahondando su desaprobación ciudadana que ya está en el 65% y probablemente caiga más en las próximas mediciones.

Un letrero colgado por manos anónimas en la sede de Revolución Demócratica de la comuna de Providencia refleja lo que piensan la mayoría de los chilenos y chilenas según varias encuestas: "Hicieron de nuestras necesidades el mejor de sus negocios".