La última cuenta presidencial del Presidente Boric, en especial “la previa” se hace en un ambiente de abierta crítica social a la gestión de su gobierno. Casi como en medio de una tormenta política que se ha instalado en la opinión pública por los temas de la Fundación ProCultura, los vínculos de su creador y gestor Alberto Larraín con diversos dirigentes del Frente Amplio, incluido el mismo presidente Boric. Ha surgido la preocupación sobre el uso y destino de los 5 mil millones de pesos transferidos a la Fundación Procultura en los años 2022 y 2023 desde diversos gobiernos regionales y reparticiones ministeriales y si ellos terminaron financiando actividades políticas frente amplistas.

La investigación de la Fiscalía está en nuevas manos, pero lo relevante para la opinión pública es conocer el destino de esos recursos fiscales y si ellos fueron invertidos adecuadamente u ocurrieron malas prácticas como habría sido que se desviaran para financiar campañas y actividades políticas del Frente Amplio. El nuevo Fiscal Castro debiera acelerar la indagatoria, presentar sus conclusiones y así la opinión pública conocer la trama en torno a este caso.

También la previa a la cuenta pública muestra una opinión pública con una mayor crítica al gobierno, donde la desaprobación oscila entre 66% a 70%, esto sigue asociada a los inéditos niveles de inseguridad que se vive en la sociedad chilena, al avance del crimen organizado como lo muestran los narcos funerales de las últimas semanas; a una situación económica compleja con un crecimiento bajo -proyección de 2,3% para este año-, con una inflación alta -en mes de julio vuelven a subir las cuentas de la luz en 7%- con un déficit fiscal crónico que ha generado un fuerte debate político sobre las posibilidades reales de recortar el gasto fiscal en lo que resta del año entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal  y los efectos que tendrá en la imagen del gobierno y del sistema institucional en su conjunto. 

También está el informe de Contraloría que denuncia que 25 mil funcionarios públicos durante sus licencias médicas entre 2023 y 2024 se ausentaron del país revelando un elito e irregularidad en su comportamiento organizacional que ha sido condenado transversalmente por las y los candidatos presidenciales, los sindicatos del sector públicos y los distintos actores políticos. En próximas semanas conoceremos los resultados de la revisión de licencias médicas a Capredena y Dipreca (FFAA y Carabineros).
 
Hay una mayoritaria percepción de que la sociedad no está funcionando con los estandares comprometidos para la democracia y al contrario se percibe un preocupante clima de inseguridad, corrupción, fallas en el funcionamiento de los servicios públicos que para la ciudadanía son asociadas a un mal funcionamiento institucional de nuestra  democracia.

Esa distancia de la ciudadanía con la democracia que se ha venido acumulando en los últimos años ha terminado expresada en una alta crítica social a la gestión de la administración Boric y también al Congreso.

Tenemos una ciudadanía molesta con las instituciones democráticas, especialmente contra el Gobierno y el Congreso que debiera ser leída adecuadamente por la élite política.

Chile requiere salir de esta situación de desconfianza y molestia y eso requiere que la clase política deje atrás este clima de polarización y división política y empiece a trabajar por recuperar el bienestar del país.  

La último cuenta presidencial de Boric debiera enfocarse en las tareas comunes, en superar la actual polarización y en promover la unidad del país y no en instalar agendas legislativas para sus partidarios como es ponerle urgencia al proyecto de aborto legal que claramente no tiene absolutamente ninguna mayoría política en el Congreso.

Seguir gobernando para “sus nichos” y las minorías que lo apoyan (22% según última encuesta CEP) solo ahondará la situación de polarización y división que explica el estancamiento del país de la última década.

La opinión pública espera que la última Cuenta Presidencial se centre en promover acuerdos para remover los obstáculos que bloquean el tránsito hacia la senda del crecimiento y desarrollo, que se tenga acuerdo para enfrentar el incierto clima externo de la economía mundial que provoca la guerra de Aranceles que está promoviendo Trump especialmente, consensuando la ampliación de los tratados de libre comercio y políticas especiales de fomento de nuestras exportaciones.

Se requiere construir acuerdos para volver a crecer al 4%, para mejorar la productividad de nuestras empresas, para tener una buena ley de permisos ambientales y sectoriales que establezca estándares exigentes a los proyectos de inversión, para diversificar nuestra matriz productiva entre otros desafíos que el país debe asumir.  

También se requieren acuerdos para resolver el problema fiscal que tenemos producto de que se está gastando más que lo que se recauda. Reconozcamos que la solución no es sólo hacer recortes del gasto fiscal como propone un sector de la sociedad, sino que esto involucra un análisis más desapasionado y técnico sobre lo que viene y como se financia estas nuevas políticas sociales.

Además, brindar más seguridad requiere más inversión pública en personal policial, en tecnología, en equipamiento policial etc, como también enfrentar las listas de espera en los hospitales públicos implica un gasto adicional como también el envejecimiento poblacional de los que nos alerta el Censo 2024.

Por tanto, la solución no puede ser solo hacer recortes del gasto social, ni usar tijeras o motosierras para disminuir el gasto público. Se requieren acuerdos y eso debiera ser promovido por el Gobierno en su última cuenta pública.

Ojalá la última cuenta presidencial ayude a recuperar ese clima de acuerdos que el país necesita. No se pueden seguir desaprovechando las posibilidades de volver a progresar que es lo que demanda la mayoría del país.