Ya post apagón del 25 de febrero de este año, surgieron diversas voces técnicas y parlamentarias cuestionando el accionar preventivo del Coordinador Eléctrico y no haber exigido a las empresas eléctricas de transmisión la obligación de tener Planes de Contingencia anti black out. El equipo directivo del Coordinador Eléctrico, son profesionales con larga trayectoria en sector energía y sus remuneraciones mensuales fluctúan entre $21,5 millones y $23,6 millones y quedó fuertemente cuestionado por su débil rol preventivo en la fase previa del apagón.

En los últimos días hemos conocido 2 episodios anómalos en referencia a las tarifas que fija la Comisión Nacional de Energía, una ocurrida en 2024 a partir de una sobrestimación del inventario de Transelec que da origen a un sobre-cobro de app US$100,0 millones a los clientes regulados, se inició un proceso de chequeo entre CNE y Coordinador Eléctrico sobre esta” sobrestimación” que aún -lamentablemente- no culmina y después vino el cobro del “doble IPC” en el proceso de descongelamiento tarifario que significarían US$ 110,0 millones cobrados en exceso a los clientes.

La molestia ciudadana y política es fuerte contra las empresas eléctricas ya que estos 2 errores de cálculo seguidos suman US$ 210,0 millones cobrados en exceso a los 7 millones de hogares en Chile que son los clientes regulados.

Estos recursos mal cobrados deben ser devueltos a la brevedad a los clientes ya sea en enero 2026 en el nuevo decreto tarifario o mediante una ley corta que anticipe el reembolso a las familias al mes de diciembre, en la medida que exista acuerdo político en el Parlamento.

Estos errores de cálculos en desmedro de los clientes revelan; además, una fuerte debilidad de la institucionalidad que fija las tarifas como es la Comisión Nacional de Energía ya que no subsanó un error metodológico como era cobrar doble IPC ni reparó en la sobreestimación de los inventarios de una empresa como Transelec, ni tampoco logró la realización de una Auditoría técnica a la empresa que debe implementar el Coordinador Eléctrico, revelando una serie de errores y negligencias institucionales que finalmente perjudican a los clientes.

Ahora además anda circulando un informe privado de las eléctricas que señala que los clientes regulados no han pagado a las generadoras 110 millones de dólares producto del error, sino esa cifra alcanza sólo a 2,0 millones de dólares, lo que ahondará la situación de descalabro institucional que vive el sector eléctrico.

Tanto el Coordinador Eléctrico como la Comisión Nacional de Energía no está cumpliendo su rol de liderazgo técnico e independiente; al contrario han terminado siendo instituciones públicas funcionales a las empresas eléctricas y no han resguardado los derechos de los clientes regulados de acceder a un servicio de calidad, permanente y con precios razonables. Eso es lo explica que en la encuesta UDP de septiembre sean consideradas “las empresas eléctricas” como las más abusivas ya que se pagan altas tarifas, especialmente después del descongelamiento tarifario, pero sin la calidad de servicio que demandan los usuarios.

En esa misma dirección puede leerse lo  del subsidio para las familias del 40% más vulnerable que ingresó a tramitación legislativa en 2024 y quedó “congelado” en Comisión de Hacienda del Senado producto del lobby de las empresas eléctricas que rechazaron aportar al financiamiento mixto de este subsidio.  

Las instituciones reguladoras del sector eléctrico no generan confianza en la ciudadanía, en la política y en el conjunto de la opinión pública lo que significa abordar a la brevedad una reforma de la Comisión Nacional de Energía en su rol de fijación de tarifas especialmente lo que se refiere a que tenga una dirección técnica colegiada, que tenga capacidad técnica capaz de implementar procesos tarifarios de alto estándar y fiscalizar efectivamente a las empresas eléctricas.

Lamentablemente esta es una crisis tarifaria que sigue abierta, con un fuerte lobby de las eléctricas para evitar el  pago de devoluciones ya que los cobros previos están incorporados en “su flujo operacional”; pero sin abordar aún la crisis institucional en que el sector eléctrico está producto de las debilidades técnicas de la Comisión Nacional de Energía y del Coordinador Eléctrico.

Sin institucionalidad seria, creíble y respetada por los actores seguirán los problemas en el mercado eléctrico, que siguen siendo muchos y que se repiten todos los años, lamentablemente.