La opinión pública volvió a sentir miedo e inseguridad en la que vive cotidianamente al conocer de las masacres en Quilicura y Lampa provocadas por peleas entre bandas delictuales, tanto nacionales como extranjeras y otros homicidios que sumaron 18 en el largo fin de semana que pasó.

En el país las bandas delictuales plagadas de migrantes ilegales, en otros casos bandas nacionales donde existen jóvenes desertores del sistema escolar transformados en soldados del narcotráfico, crímenes por sicariato, han transformado la vida cotidiana de millones de familias.

El miedo y la inseguridad está instalado en el país -cualquiera sean los barrios- y lo que se percibe es a una autoridad política e instituciones policiales incapaces de enfrentar este incremento de la actividad delictual.

Las comunas requieren más policías, con mejor entrenamiento y equipamiento; pero esto no se ha producido. En Quilicura por ejemplo, con 270.000 habitantes, la dotación policial no llega a los 200 Carabineros los que son incapaces de combatir al crimen organizado; además, subsecretaría del Interior los excluyó del Plan estrella del Gobierno “Calles sin Violencia” -que en este primer semestre solo lleva ejecutado 16% de los $25.000 millones asignados en presupuesto 2024 y así ocurre en otras comunas de la zona norte y sur de la región metropolitana. Pero en las Condes y Vitacura hay recursos municipales, más carabineros.

La dotación policial debe estar donde hay más actividad delictiva y es claro que se están produciendo cambios en los patrones delictuales que no ha percibido el gobierno. Esta inequidad territorial debe ser resuelta a la brevedad.

La lucha contra el crimen organizado requiere acuerdos políticos transversales y sobre eso aún existen divergencias en el país. Se requiere perseguir el dinero del narcotráfico, los lavados de activos y por eso, es relevante levantar el secreto bancario en el marco de investigaciones judiciales, pero la derecha se opone. También se requiere reforzar el rol operativo de Carabineros en zonas críticas y establecer reglas para que en ciertos territorios delictuales actúen fuerzas militares y ahí la izquierda se opone. Lo ocurrido con la investigación en Villa Francia donde se encuentran armamento en radios comunitarias revela que el arco está invadiendo demasiados espacios sociales y es lamentable que el Partido Comunista se oponga a esas investigaciones.

El crimen organizado debe ser combatido con un Estado e instituciones democráticas que actúen con respaldo transversal o mayoritario de las fuerzas políticas y sociales del país, es demasiado grave lo que está ocurriendo.

En el campo político estos episodios reinstalan los temas de seguridad en la agenda pública. El Presidente Boric suspende su viaje de París por la inauguración de los Juegos Olímpicos y anuncia un paquete de medidas de corto y mediano alcance como la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la Región Metropolitana -lo que inmediatamente generó el rechazo de diversos alcaldes donde podría instalarse esta cárcel en su comuna-; creación de una fuerza de tarea para dar más seguridad en la Región Metropolitana liderada por el nuevo delegado presidencial -ex alcalde Independencia que no tiene buen desempeño en la lucha contra la migración ilegal y contra la delincuencia- y la discusión inmediata en el Congreso de los proyectos de ley de Inteligencia Económica y de Sistema de Inteligencia del Estado.

La responsabilidad de este clima de inseguridad y miedo es del gobierno y los altos funcionarios del ministerio del Interior los que aparecen con una evaluación crítica de la ciudadanía. Brindar seguridad es una tarea ineludible del Estado y por ende del Gobierno que no puede eludirse con cuñas como las de la vocera Vallejo que intenta bajarle el perfil a la responsabilidad de las actuales autoridades. Es mejor asumir el desafío que pudo la historia y jugarse por cumplir esta compleja agenda anunciada, la cual debiera tener un componente adicional de gestión -donde este Gobierno tiene un claro déficit como lo muestra la débil ejecución del Plan contra el Crimen Organizado de $75.000 millones que al primer semestre solo lleva 22% de ejecución- y de una mejor asignación de los recursos policiales.

Además, la conversación social de cara a las elecciones de octubre estará marcada por los temas de seguridad a nivel regional y comunal y claramente quién quiere tener opción de construir apoyos mayoritarios deberá centrar su propuesta de futuro en proponer planes de seguridad local que le hagan sentido a una ciudadanía que solo quiere vivir en paz y tranquilidad, sin miedo y que la acción política no le ha proporcionado los últimos años.

La gente votará en octubre por aquellos liderazgos creíbles que les den seguridad de vivir sin miedo y es lo mínimo que se puede exigir en democracia.