Las declaraciones del senador Daniel Nuñez (PC), respaldadas por el presidente RD Diego Vela y por el presidente del propio PC, Lautaro Carmona, llamando a “la presión social para sacar adelante las reformas”, generaron un fuerte debate público sobre el tipo de gestión política que deben hacer las fuerzas gubernamentales cuando están en minoría en el Parlamento, especialmente ahora en el Senado y en la sociedad donde las diversas encuestan muestran en estos 25 meses de gestión de una aprobación estable del 30% de la opinión pública.  

Una parte del mundo oficialista siguen en shock después de la derrota para elegir nueva mesa del Senado y ante este nuevo escenario político -que incluso podría significar perder también la presidencia de la Cámara para el PC- deciden irreflexivamente llamar a “incrementar la presión social para sacar adelante las reformas, especialmente las pensiones”. Este llamado solo fue respaldado por PC y Revolución Demócratica -que están privilegiando su posicionamiento de cara a las elecciones de octubre- y fue desestimado por el Gobierno quién señaló realistamente que no le corresponde al gobierno convocar a una movilización social para presionar al Parlamento, ya que eso es una materia propia de los actores de la sociedad civil.

Esto provocó una nueva avalancha de críticas al PC sobre su débil compromiso con la institucionalidad democrática, las fuerzas de centroizquierda como PS, radicales, PPD y PDC criticaron estas declaraciones y enfatizaron la necesidad de mayor diálogo y acuerdos políticos con la oposición y que los problemas democráticos no se arreglan incitando a la presión social desde los partidos.

La presión social viene siempre desde los actores de la sociedad civil como el movimiento sindical y social de defensa de la siderúrgica en Huachipato que está uniendo a diversos actores del Biobío y que generaron diversos hechos políticos durante la visita del Ministro de Economía Grau a esa zona.

Probablemente empezaremos a vivir diversos episodios de movilización social de los damnificados de los gravisímos incendios forestales en Viña del Mar y Quilpué producto de la demora en la Reconstrucción, especialmente en materia de tener levantadas e instaladas las viviendas de emergencia y no seguir sobreviviendo en las carpas.

Hasta hace poco vimos las movilizaciones de las familias y profesores por la situación de los colegios públicos de SLEPs de Atacama y Huasco y claramente queda demostrado que las movilizaciones sociales exitosas son aquellas provenientes de la sociedad civil para denunciar y solucionar problemas y crisis que vive la ciudadanía.

Ante un gobierno de deficiente gestión, con ministros con poco conocimiento público como los de Obras Públicas, Desarrollo Social por ej; con dos ministros de La Moneda con alta evaluación negativa como la vocera y la Ministra del Interior (48% y 45% de evaluación negativa, respectivamente) y con Ministros de Educación Cataldo y Economía Grau como los de peor evaluación ciudadana (solo con 30% y 29% de evaluación positiva, respectivamente) lo más probable es que Gobierno no tendrá éxito en controlar la agenda pública y en resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía.

Un gobierno con poca presencia mediática, con ministros débiles, poco conocidos y sin capacidad de guiar la agenda pública sectorial lo más probable es que este gabinete sea incapaz de resolver las recurrentes crisis que se presentan en los años electorales.

Si a ese panorama le agregamos “los autogoles” como la entrevista de vicepresidente CORFO debilitando el anuncio del Consejo de Ministros del martes pasado sobre los avances para consolidar la Estrategia nacional del Litio, donde el Ministro de Hacienda definió la participación pública y privada en la producción de litio señalando que “el sector privado podrá participar en carácter de minoritario en el caso de los salares de Atacama y Maricunga; podrá participar en formular alternativas, mayoritarias o minoritarias en los salares de Pedernales y en los salares de Altoandina, y en el caso de los 26 salares que estarán abiertos a esta invitación a expresar interés, el sector privado tendrá el liderazgo y podrá asociarse con el sector público, pero no será un requisito que exista participación del Estado en la propiedad”.

Ese anuncio que fue bien recibido por el mercado, es debilitado por CORFO en entrevista en un medio económico al anticipar “que no habrá interés por los 26 salares, pero si mucho interés por pocos”. No me ayude compadre, otro autogol por la mala gestión comunicacional y de gestión de las autoridades de este gobierno.

Vamos a ver como el ministro de Hacienda administra el buen IMACEC de febrero y una posible rebaja de la TPM al inicio de la semana próxima donde se puede mostrar que es posible consolidar la recuperación económica y que no se diluya otra vez como ha ocurrido en la última década.