Este año estará marcado por el plebiscito del 26 de abril, donde la ciudadanía decidirá si aprueba o no una nueva Constitución y la modalidad de construcción de ella en caso de vencer la opción apruebo.

 

Los distintos estudios de opinión pública reflejan que hay una alta disposición a participar en el plebiscito de entrada (la participación plebiscitaria fluctuaría entre 75% a 85% del padrón electoral).

 

De haber este nivel de participación sería algo histórico considerando los altos niveles de abstención electoral de los últimos años -que el país ha tenido desde la instalación del voto voluntario- y sería un gran triunfo democrático.

 

La decisión si se continúa con la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán como lo propician los partidarios del rechazo o se crea una Convención Constituyente para que escriba un nuevo pacto constitucional con la más plena participación democrática es una decisión que se está tomando la agenda pública.

 

Los próximos 80 días serán de intenso debate político entre los partidarios del apruebo versus los del rechazo, este debiera girar sobre qué tipo de sociedad se quiere construir, sobre el rol del Estado en la protección de los derechos básicos de las personas y en la promoción del desarrollo económico y social. Lamentablemente la derecha con su opción rechazo ha preferido continuar con su tradición histórica de apelar al miedo, de hacer campañas del terror -como lo hicieron el 1988- pero parecieran no entender que defender el statu quo es una cuestión que sólo podrían adherir los winners del modelo neoliberal que es una minoría del país.  

 

La derecha y el mundo conservador no perciben la profundidad de la crisis social sustentada en una alta frustración social, gatillada por los incumplimientos de la promesa de los tiempos mejores que la derecha enarboló en la campaña del 2017 y que se ha vuelto en una explosión social que reclama más igualdad, más dignidad y más equidad social.

 

La nueva Constitución para la mayoría del país es la posibilidad de transitar hacia un modelo de desarrollo que da oportunidades y de progreso para todas y todos, es también paridad, más dignidad para las mujeres y en lo principal es más igualdad. Eso explica que en las encuestas muestre un apoyo del 70% a la opción apruebo una nueva Constitución.

 

Ese sentimiento de búsqueda de mayor dignidad es más fuerte que la dispersión y fragmentación política de los actores políticos y sociales que impulsan el apruebo que se expresa en cuatro comandos, la pugna con los independientes por los minutos en la franja televisiva, aunque la coordinación y la unidad de los partidarios de la nueva Constitución potenciaría esa mayor preferencia para el 26 de abril.

 

En la economía se consolida la situación de estancamiento –producto del agotamiento de la cobre dependencia y la falta de nuevos motores para el crecimiento- con un pobre desempeño el 2019 de 1,2% de crecimiento del PIB y para 2020 se anticipa un porcentaje de crecimiento similar -1% a 1,5%- producto de la caída de la inversión –4%- y consumo privado -0,8%-.

 

En este escenario se requiere implementar una política fiscal activa y contracíclica como es el presupuesto 2020 que crece 5% para este año producto de la presión opositora, pero el gobierno debe ponerse las pilas en ejecutar aceleradamente la inversión pública –que habitualmente se ejecuta desde el tercer trimestre de cada año-, que se resuelvan “los cuellos de botella” para diseño de proyectos de inversión especialmente en áreas desafiantes y urgentes como es la infraestructura hídrica, ante el aumento del empleo asalariado y formal debieran implementarse programas con inversión pública intensivos en mano de obra (nada se sabe de los $30.000 millones asignados a Subdere para programas de empleo que debía distribuir en regiones a principios de enero).

 

El Gobierno tiene un serio déficit de gestión y probablemente no tendremos esa acelerada ejecución del gasto público: hace más de 110 días se anunció el incremento del Fondo Común Municipal –que da más recursos al 90% de los municipios- y aún no hay proyecto en el Congreso y se anuncia rebaja del 50% de la tarifa en transporte público para adultos mayores y el Ministerio de Transporte anuncia que se hará en el segundo semestre o sea  siete u ocho meses después del anuncio. Mal.