Llegó marzo y continúa la mala evaluación ciudadana sobre la gestión Piñera, alcanzado una aprobación de 14% en tres encuestas difundidas esta semana.
A pesar del proceso de vacunación que es percibido como una obra del sistema público de salud, la imagen presidencial sigue estando baja, parece muy arriesgado darle un rol protagónico en un año plagado de elecciones y de inicio del proceso de la nueva Constitución con la elección e instalación de la Convención Constitucional.
Resulta incomprensible que un Presidente de la República con un apoyo del 14% haga anuncios unilaterales en materia de reforma de pensiones y deseche un acuerdo con el Senado con el que ha estado negociando los últimos doce meses. Mucho más si la propuesta que anuncia es una férrea defensa del modelo de AFPs con la capitalización individual que sólo ha generado pensiones miserables (pensiones de $190.000 promedio para las mujeres y de $270.000 mensuales para los hombres); son casi 2,0 millones de pensionados que sufren día a día las pensiones miserables que dan las AFP’s.
En el proyecto del gobierno hay letra chica ya que crea un nuevo beneficio solidario definido (2,7 UF para mujeres y 2,0 para hombres), pero lo integra a la pensión base lo que hace reducir el Aporte Previsional Solidario (o sea se crea un beneficio solidario pero se resta otro creado en reforma del 2009); por tanto no son beneficios complementarios e implican una disminución del gasto fiscal de US$ 194 millones al año 2030 y US$ 343 millones al 2040 según Informe Financiero de la Dipres; diseño que aún mantiene vigente el gobierno.
La oposición ha exigido que la mayor cotización previsional del 6% vaya a un Fondo de Ahorro Colectivo Solidario que financie diversos beneficios mediante la solidaridad intra e integeneracional; pero Piñera insiste en incrementar la cotización del 10% al 13% para que sean administrada por las AFP’s y que ya sabemos genera pensiones miserables. Una de las herramientas para atacar la desigualdad es por la vía de hacer una reforma solidaria al sistema de pensiones y empezar a reducir impacto de la capitalización individual; así se permitiría realmente hacer un cambio profundo en la calidad de vida de nuestros adultos mayores, partiendo particularmente con aquellos que trabajaron, que cotizaron, ahorraron y que hoy día tienen pensiones insignificantes y que no alcanzan a llegar a fin de mes.
Pero Piñera sigue optando por defender el modelo de las AFP’s y hacer cambios marginales al pilar solidario de pensiones con un financiamiento fiscal proveniente de ingresos transitorios (mayor precio del cobre y posible mayor crecimiento) cuando lo que corresponde es un financiamiento fiscal con ingresos permanentes que deberían venir por ejemplo de eliminar exenciones tributarias a las rentas del capital –hoy carentes de justificación técnica-.
Un país que quiere menores desigualdades debe sustentarlo en un sistema tributario progresivo, donde los que tienen más paguen más impuestos y no de ingresos transitorios como pretende el Gobierno.
Una reforma de pensiones que no hace cirugía mayor al modelo AFP’s no es reforma, es un simple maquillaje al fracasado modelo de la capitalización individual.
Pero no hay reforma de pensiones con legitimidad social sino se mejoran el monto de las pensiones y la posibilidad cierta es introduciendo la solidaridad intra e intergeneracional mediante el Fondo de Ahorro Colectivo Solidario que se financie con el 6% de cotización y un mayor aporte fiscal al Pilar Solidario.
La compleja señal política del gobierno es insistir en anuncios unilaterales, es desechar una negociación de meses –que en enero estuvo a punto de prosperar porque ex ministro de Hacienda había aceptado solidarizar el 6%-, es anunciar “discusión inmediata” al proyecto si no hay acuerdo con oposición.
¿Un gobierno con 14% de apoyo ciudadano está en condiciones políticas de tensionar la relación con el Senado e instalar una negociación con amenazas cuando se posee tan poco respaldo social?
Tensionar las relaciones institucionales en un ambiente de alta desconfianza ciudadana no ayuda al clima democrático y ahí de nuevo se equivoca La Moneda.
La mayoría quiere un Chile inclusivo con menos desigualdades y eso significa que las pensiones deben ser parte de un sistema de seguridad social y no seguir siendo un negocio.