El cambio de gabinete fue demasiado rápido para ser leído como una modificación rutinaria. Cuando un gobierno reemplaza tan temprano a autoridades en áreas sensibles como seguridad y vocería, lo que aparece no es una simple corrección de nombres. Simplemente deja a la vista fallas de conducción en dos funciones esenciales del poder político, como lo son el control del orden público y la capacidad de explicar el rumbo del Ejecutivo.

El primero fue el tema público eje de la campaña de Kast. La salida de la ministra Steinert deja una impresión difícil de disipar. Durante estos meses se hizo evidente que no existe una estrategia y un programa claro frente a la principal preocupación ciudadana. Pese a que durante la campaña se dijo que el crimen organizado, la violencia y la presión sobre las fronteras eran temas que habían llevado al país a una "emergencia", no había plan, metáfora ni hipérbole, y la conducción del ministerio dio señales preocupantes desde el primer día. Hubo despliegues de corto plazo, pero nunca una hoja de ruta reconocible.

El relevo confirma lo que ya sabíamos. El problema era de ausencia de diseño, y la ejecución simplemente acompañó ese vacío.

Algo parecido ocurrió en vocería. La ministra saliente Sedini terminó convertida en el rostro más visible de las contradicciones del gobierno. No por falta de exposición, sino porque su tarea consistió en defender decisiones que muchas veces se desmentían a las pocas horas.

El cargo exige claridad política y reflejos; lo que se vio fue vacilación y mensajes cruzados que erosionaron casi de inmediato su credibilidad. Sacar a la vocera puede aliviar el desgaste de una figura, pero las descoordinaciones políticas internas que estos dos meses dejaron al descubierto siguen ahí.

La Moneda intenta presentar todo esto como un "ajuste". El término parece escogido para bajar el perfil a un movimiento que toca dos áreas decisivas. También se ha puesto énfasis en la aparición de biministros, como si la concentración de carteras fuera una señal de eficiencia política y administrativa. En realidad, la fórmula puede expresar escasez de cuadros y la necesidad de improvisar una salida rápida. Cuando se reordenan ministerios de esta magnitud en tiempo récord, la palabra "ajuste" suena más a “metáfora” que a descripción de la realidad.

El episodio ayuda a entender algo más de fondo. La crisis de seguridad y el manejo de la migración irregular fueron usados durante meses como banderas para construir una sensación de urgencia nacional.

Se prometió mano firme, control fronterizo y una respuesta que pondría fin al presunto o real desorden heredado. En la práctica, el tratamiento del tema tuvo bastante de demagogia. Se elevó la retórica, se multiplicaron los gestos, pero los resultados siguen lejos de las expectativas que el propio oficialismo alimentó con su política de la híper oferta —esa lógica que prometía más de lo que cualquier gobierno puede cumplir en plazos razonables—.

El efecto político verdaderamente buscado puede haber sido solo ganar la elección presidencial instalando la idea de que el país necesitaba un giro drástico hacia la derecha más dura.

Hasta ahora el verdadero núcleo del proyecto se encuentra en la desregulación, la rebaja de impuestos progresivos, el recorte del gasto y la reducción del papel estatal en variadas áreas. Es el recetario clásico del ultraliberalismo que además se expresa desembozadamente por un ministro de Hacienda hasta ahora particularmente empoderado.

Ese empoderamiento no es casual. Este gabinete exhibe con nitidez el predominio de los grandes grupos económicos al interior del gobierno. Las decisiones más relevantes en materia económica responden antes a los intereses del empresariado que a las urgencias de una mayoría agobiada porque sus ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes. La composición del equipo económico y la orientación de sus primeras medidas lo han mostrado ya con suficiente claridad.

En la campaña presidencial parece haberse guardado en un cajón la llamada guerra cultural. Los temas que marcaron buena parte del discurso opositor durante años —las batallas simbólicas sobre educación, memoria, globalismo, feminismo o identidades— perdieron protagonismo. Es pronto para saber si fue solo táctica electoral, un giro genuino hacia posiciones más moderadas, o exclusivamente porque la prioridad era apostar por una reorganización económica de corte ortodoxo. Lo que sí está claro es que esa agenda no traerá tranquilidad.

Chile ya vivió una convulsión social y política en octubre y noviembre de 2019. Quienes creen que aquello no puede repetirse deberían explicar qué cambió estructuralmente desde entonces. Porque los ingredientes siguen ahí: crecimiento débil, desempleo, empleo precario, endeudamiento masivo, servicios públicos bajo presión y una crisis de representación política que ningún gobierno ha logrado revertir. Un ajuste fiscal severo aplicado sin distinciónes básicas agrava ese cuadro.

Pese a las ingenuidades de quienes quieren jugar al centro o celebran el protagonismo mediático que algunas maniobras de corto plazo y baja densidad programática le han dado estos días a Parisi, comienzan a emerger señales que hace poco parecían impensables. Las insinuaciones sobre incorporar capital privado a Codelco no son casuales. Se presentan como fórmulas de asociación, modernización de la empresa o búsqueda de recursos frescos para inversión.

En Chile todos conocemos ese lenguaje. Muchas veces fue la antesala de procesos de privatización o de pérdida gradual del control público. Como ya queda poco por privatizar, la principal empresa cuprífera del país aparece como un objetivo natural para quienes creen que el mercado debe expandirse hasta el último rincón social.

Por eso este cambio de gabinete importa más de lo que sugiere la versión oficial. El remezón deja ver un gobierno que enfrenta dificultades tempranas en áreas delicadas y que, al mismo tiempo, empieza a transparentar su orientación real. Se bajó el volumen de las disputas culturales y se reforzó una agenda económica que Chile conoce bien, con los mismos actores de siempre en las posiciones que más importan.

Lo que viene no será estabilidad. Amenaza  ser una combinación de malestar social creciente y un clima político todavía más crispado, a medida que las consecuencias de este programa toquen la vida cotidiana de esa mayoría social compuesta por quienes menos tienen para perder.

Los nombres cambian. El programa real empieza a mostrarse crudamente.