El caso convenios/fundaciones, sea en el ministerio de la Vivienda como en los Gobiernos Regionales sigue dándole fuertes dolores de cabeza al gobierno y los tiene arrinconados ante la opinión pública sin ningún control de la agenda pública.

En los últimos días hemos conocido la versión del militante RD, Daniel Andrade que fue llamado por exseremi de MINVU sobre como se gestó el convenio entre este ministerio en Antofagasta y Democracia Viva. Es realmente preocupante que los recursos públicos para los Asentamientos Precarios se manejen sin ninguna rigurosidad técnica y solo opere el amiguismo político.

Similar preocupación genera conocer la situación del convenio del Gobierno Regional de Los Lagos con fundación Kimun y el rol del excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao -quién ahora está en prisión preventiva- que resulta beneficiado por este millonario convenio que termina adquiriendo un CFT y un IP con esos recursos.

Ya son muchos los casos (lencería, pintura de fachadas, pinturas de bancas de plazas por fundaciones sin expertise) que revela que hubo fuerte liviandad y nula rigurosidad para asignar directamente estos recursos públicos a fundaciones que actuaron irregularmente en estos convenios.

La preocupación se agudiza cuando se lee la entrevista al director Timeline  -director del medio regional que destapó este caso de Democracia Viva- señalando que esto era parte de una operación política destinada a potenciar la candidatura a alcaldesa de Revolución Demócratica para Antofagasta de Paz Fuica, que además era jefa jurídica del programa asentamientos precarios en Antofagasta, pero que además estaba contratada por la Fundación Superación de la Pobreza.

Que recursos públicos destinados a beneficiar a sectores vulnerables terminen siendo parte de una operación política para potenciar posibles candidatos a Alcaldes, resulta ser una denuncia muy grave, pero más extraño es que el gobierno ni desmiente ni investigue las afirmaciones dadas en esa entrevista.

Pareciera haber similar motivación política en aquellos gobiernos regionales que en diciembre 2022 asignaron millonarios recursos a fundaciones amigas para implementar programas de diseño técnico y objetivo social de dudosa pertinencia, pero que terminan en distintas actividades que seguramente las Fiscalías Regionales declararan como irregulares, pero nada se dice que estas situaciones anómalas donde más han ocurrido es en aquellas regiones de baja ejecución presupuestaria, que en diciembre pasado transfirieron más del 40% de su presupuesto anual y donde Gobernadores Regionales renunciaron a sus partidos políticos y que requerían tener una plataforma regional poderosa con esos recursos.

Pareciera que las fundaciones regionales amigas que recibieron millonarias transferencias terminaron reemplazando a sus ex organizaciones políticas.

Es claro que hay problemas de gestión, hay irregularidades, hay falta de control democrático de los Consejeros Regionales en estos gobiernos, hay baja concursabilidad en las transferencias a ejecutores privados que no puede soslayarse y que deben ser incorporados tanto en la legislación permanente como en la ley de presupuestos 2024. Este coctel es calificado como “actos de corrupción” para la mayoría de la ciudadanía e impactó negativamente en su anuncio de Pacto Fiscal por el Desarrollo que incorpora un capítulo de mayor recaudación fiscal.

Resulta fácil para la derecha y la ultraderecha descalificar esta iniciativa señalando que mientras existan estos niveles de corrupción no corresponde aprobar iniciativas que aumenten la recaudación fiscal si se ve tanta liviandad en la asignación de esos recursos públicos.

Una iniciativa relevante para el mundo progresista termina siendo rechazada por el 51% de la ciudadanía producto del impacto de estos casos de corrupción que son el caso convenios/fundaciones, generando un escenario complejo para el oficialismo que empieza a dividirse entre quienes critican la corrupción y exigen medidas drásticas para quienes resulten responsables versus los que piden orden y disciplina en la coalición.

Este escenario de una crisis sin control, sin bordes, que semana a semana trae nuevos hallazgos y que ya lleva casi 40 días en los medios de comunicación está generando un debilitamiento gubernamental.

Está pérdida del control de la agenda gubernamental implica que el Pacto Fiscal por el Desarrollo parte herido, el diálogo técnico sobre la Reforma Previsional está suspendido y también reaparece el exPresidente Piñera buscando posicionarse en la carrera presidencial de la derecha revelando la fuerte debilidad política del actual Gobierno.

En las próximas semanas seguirá esta crisis y pareciera que este gobierno seguirá así, de crisis en crisis.