Se ha iniciado una nueva década y en el caso de la sociedad chilena hay esperanzas que este año se inicie un nuevo ciclo de desarrollo que permita crecer con igualdad, donde las desigualdades se atenúen y el trato respetuoso a las personas -independiente de sus ingresos- se haga una costumbre social.

 

Es complejo el proceso político-social hacia esa meta porque estamos frente

a un Gobierno desacreditado socialmente -tiene un 80% de rechazo la figura

presidencial en las distintas encuestas y su apoyo sólo bordea el 10%- y no

avanza en una real agenda de reformas sociales que demanda la ciudadanía.

 

Anuncia una agenda anti-abusos con más de una decena de proyectos de ley y hasta hora ninguno ha llegado al Congreso, en noviembre anunció más recursos para los municipios vía incremento de los aportes de los municipios ricos al Fondo Común Municipal y no existe proyecto de ley aún ingresado, hace meses se anuncia nueva ley de rentas regionales para dotar de más recursos a las regiones y nada, se anuncian modificaciones al mal proyecto de pensiones introduciendo elementos de solidaridad pero nada ingresa aún al Congreso.

 

O sea, estamos frente a un Gobierno inoperante, sin liderazgo ni ideas para dar respuesta a las demandas sociales que se expresan cotidianamente, ya sea en las encuestas como en las masivas manifestaciones pacíficas desde octubre.

Y el discurso presidencial es que “lo peor ya pasó” y sólo le falta decir “a otra cosa mariposa”, revelando su absoluta falta de conexión y empatía con una ciudadanía malhumorada, agobiada por el endeudamiento, llena de temores ante la posibilidad de enfermarse o de pensionarse.

 

Estamos frente a un Gobierno que no sabe leer la realidad cotidiana de las

mayorías ciudadanas y sigue gobernando para “su escaso electorado” que

pide orden, mano dura y que justifica la inexplicable represión policial que

hemos visto las últimas semanas.

 

En esta nueva fase la sociedad reclama menos represión y más acción política para impulsar reformas sociales que permitan tener pensiones dignas a los 2,0 millones de personas que sufren mensualmente las miserables pensiones de las AFP’s, tener una salud pública de calidad y no esperar meses y años para acceder a una prestación médica de calidad, enfrentar las desigualdades territoriales, de oportunidades de progreso y las brechas salariales.

 

Ante esta demanda de reformas sociales se ve a un Gobierno ausente, incapaz de asumir esa agenda ciudadana, limitado a dar “bonos” de $50.000 a las familias más carenciadas y sin leer que esas comunidades vulnerables quieren reformas permanentes y no bonos por una sola vez.

 

Hay un poco más de expectativas en el ámbito económico ya que el Ministro de Hacienda ha señalado su voluntad de armar “una mesa transversal que diseñe una hoja de ruta tributaria pensando en el mediano plazo que sea un sistema justo, simple, progresivo, proinversión, en el que se vayan cerrando los espacios de elusión”; aunque los problemas de financiamiento fiscal se tendrán en el corto plazo ya que el déficit fiscal y el endeudamiento aumentarán, el acuerdo tributario sólo recauda US$ 2.200 millones en régimen y el financiamiento de las reformas sociales a lo menos significarán un gasto fiscal permanente entre 2% a 3% del PIB. Pero lo importante es superar el estancamiento de la economía –Imacec noviembre fue -3,3%-, se anticipa un crecimiento para 2020 de sólo 1,5%; pero lo relevante es impulsar un nuevo modelo de desarrollo que agregue más valor a lo que producimos y exportamos mediante un aumento sustantivo de la inversión en Innovación y

Tecnología que hoy es sólo 0,4% del PIB.

 

Si queremos desarrollo con inclusión social se requiere elevar sustantivamente ese volumen de inversión en Innovación y en tener una educación de calidad, especialmente a nivel terciario, con más ligazón con los mundos productivos regionales.

 

Es hora de que el país empiece a construir esas conversaciones transversales sobre cómo nos desarrollaremos en el futuro, dándole más valor agregado a lo que hacemos y no seguir dependiendo de las exportaciones de cobre que en estos últimos días; además, la volatilidad de su precio está ligado a factores geopolíticos que decide el presidente Trump y no los productores.