En Chile, más de un millón de personas trabaja de manera independiente y emite boletas de honorarios cada mes. Profesionales, técnicos, artistas, consultores, emprendedores. Pagan impuestos, cotizan en AFP e incluso destinan parte de sus ingresos a una ISAPRE. Sin embargo, la gran mayoría ignora un derecho esencial: también tienen derecho a licencia médica y al correspondiente subsidio por incapacidad laboral, igual que cualquier trabajador dependiente.

Este beneficio no es nuevo ni discrecional. Está plenamente regulado por la ley, en normas tan claras como el DFL N° 44 del Ministerio de Salud y la Ley N° 21.133, que desde 2019 obligó a los independientes a cotizar para salud y previsión mediante la retención automática de impuestos en la Operación Renta, salvo renuncia expresa única excepción que permite la ley. 

Desde entonces, quien no renuncia a cotizar queda cubierto: si enferma o debe guardar reposo médico, puede presentar una licencia y recibir su pago directamente de su ISAPRE o FONASA, según cuál sea su sistema de salud. 

El problema es que nadie lo informa. Ni el Estado, ni las propias aseguradoras, ni los contadores que asesoran a los profesionales. Miles de personas siguen creyendo que al no tener contrato de trabajo carecen de derecho a licencia médica, cuando en realidad han estado pagando mes a mes por esa protección.

Para acceder, los requisitos son simples: haber emitido boletas y cotizado por al menos cuatro meses dentro del último año, tener afiliación vigente y no haber renunciado a las cotizaciones en salud. El monto del subsidio se calcula con el promedio de los ingresos imponibles declarados. Si se cumplen esas condiciones, la ISAPRE o FONASA debe pagar la licencia, como lo haría con cualquier dependiente.

Este desconocimiento tiene consecuencias humanas y económicas graves. Profesionales enfermos que siguen trabajando por miedo a perder ingresos; madres independientes que creen no tener derecho a posnatal; personas con enfermedades crónicas que no se atreven a suspender su labor por temor a quedar sin sustento. Todo ello ocurre mientras el sistema retiene religiosamente sus cotizaciones.

El llamado es doble. A las instituciones, para informar de manera proactiva los derechos de quienes aportan al sistema previsional y de salud. Y a los propios trabajadores independientes, para exigir lo que la ley ya les reconoce: el derecho a cuidarse sin perder ingresos, el derecho a enfermar sin culpa.

Porque cotizar no es sólo una obligación fiscal. Es también un seguro social. Y en Chile, los independientes que cotizan vía sus boletas de honorarios si tienen licencia médica. Lo dice la ley, aunque casi nadie lo haya dicho en voz alta ni lo haya difundido adecuadamente. Incluso los parlamentarios parecen ignorar el beneficio, pues no hacen difusión del mismo ni se les ve comprometidos con una ley que es de alto impacto en la vida de sus representados.