El Gobierno de Gabriel Boric vuelve a caer en su obsesión por más y más impuestos. Esta vez, el blanco es la naciente industria del hidrógeno verde, considerada clave para la transición energética global y una de las pocas apuestas capaces de colocar a Chile en la primera línea del desarrollo sostenible. En vez de generar condiciones que atraigan inversión, innovación y empleos, la autoridad propone un insólito impuesto único y anticipado que deberán pagar los proyectos apenas obtengan su Resolución de Calificación Ambiental, sin siquiera haber iniciado su construcción ni tomado la decisión final de inversión.

En términos simples, se exige tributar antes de producir, arriesgando miles de millones de dólares en iniciativas que hoy están en etapa de diseño o financiamiento. El resultado previsible: incertidumbre, retrasos y fuga de capitales hacia países que sí comprenden la lógica de incubar una industria estratégica.

Chile podría liderar en el mundo en esta materia, pero con absurdos tributarios  como este se confirma lo contrario: que nuestra actual dirigencia en el poder es incapaz de generar riqueza, y prefiere recurrir al bolsillo ajeno aun antes de partir los proyectos. No se trata de negar los aportes regionales ni el deber de compartir beneficios, sino de entender que el primer paso debe ser consolidar la inversión, no castigarla antes de nacer.

Los inversionistas internacionales observan con atención. Mientras otras naciones compiten con incentivos tributarios, pactos de invariabilidad y fast-track regulatorio, Chile envía la señal de que la innovación aquí comienza con un cobro. El resultado no será mayor recaudación, sino menos proyectos, menos empleo y menos futuro.

Si de verdad queremos ser una potencia en energías limpias, necesitamos un Estado que fomente y acompañe, no que exprima y espante. Lo demás es simple populismo fiscal que hipotecará una de las pocas oportunidades de desarrollo de largo plazo que tenemos a la vista.