Un escrito de 33 páginas en que hace referencia a la violación de garantías resguardadas en la Carta Fundamental y en que acusa que su representado, el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, ha visto vulnerado sus derechos humanos en el proceso ante la justicia militar, presentó el lunes ante el Tribunal Constitucional (TC) el abogado Maximiliano Murath.

En el documento, el profesional solicita que se revise para la causa que sustancia la Ministra en Visita Extraordinaria Romy Rutherford Parentti por el presunto delito de malversación de caudales públicos, la constitucionalidad de la aplicación los artículos 205 y 352 del Código de Procedimiento Penal; los artículos 233 y 236 del Código Penal; y el artículo 2 de la Ley 19.863. En particular se hace referencia a una interpretación incorrecta de la amplitud con que se pueden usar los recursos destinados a inteligencia y otros menesteres que tienen carácter de secreto; y a una presunta denegación de tutela legal efectiva.

No es primera vez que Fuente-Alba Poblete intenta usar este último argumento para dejar sin efecto testimonios entregados a Rutherford Parentti. En febrero, su defensa de aquel entonces interpuso un recurso de amparo en contra de la ministra por presuntos malos tratos durante los interrogatorios del 13 y 14 de febrero. Se manifestó que “durante las diligencias realizadas por la señora ministra no se permitió la asistencia del abogado defensor, cuestión que se había permitido en esta misma causa por el ministro instructor anterior” y se apeló a que al militar no se le proporcionó agua ni alimentación durante su testimonio de más de 11 horas.

La magistrada manifestó en aquella oportunidad ante tribunales que “no es cierto que las indagatorias prestadas por éste ante el tribunal se hayan desarrollado de la forma cómo expone el actor en su libelo (…). Ha procedido a reconocer gran parte de los hechos por lo cuales se le consultaron, y particularmente en relación con el destino dado a los gastos reservados”.

Finalmente, la justicia rechazó el recurso de Fuente-Alba Poblete, quien, según el procesamiento dictado por la magistrada, dilapidó con fines ajenos a la ley, para satisfacer una serie de lujos de carácter personal, $3.500 millones. Actualmente, el militar cumple prisión en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolén.