En Chile se han abierto recientemente dos debates sobre los riesgos que enfrenta la democracia. El primero gira en torno al carácter antisistema de algunos partidos situados en ambos extremos del espectro político. El segundo sigue en curso. Lo provocó el inaceptable proyecto de reforma constitucional incluido en la agenda de seguridad impulsada por el presidente Kast. Valdría la pena aprovechar el envión para abordar una materia relacionada que hasta ahora ha recibido un tratamiento insuficiente: los vínculos entre fragmentación y polarización.

La discusión sobre la reforma del sistema político ha tenido un villano principal. Se trata de la fragmentación del sistema de partidos. Para justificar la incorporación de un umbral de acceso a la representación parlamentaria, distinto del que ya condiciona la continuidad legal de los partidos, se afirma que estas organizaciones son demasiado numerosas y que esa multiplicidad dificulta la formación de mayorías.

La fragmentación constituye una dificultad real. El problema comienza cuando se la convierte en la explicación casi exclusiva de la pérdida de eficacia decisoria y de los problemas de gobernabilidad democrática. Ese enfoque ha relegado la polarización a un segundo plano.

La omisión es seria, pues sabemos desde hace casi cinco décadas que contar partidos no basta. Los trabajos de Giovanni Sartori y, más tarde, el estudio conjunto de Giacomo Sani y Sartori mostraron que también importan la distancia ideológica entre los partidos situados en los extremos del espectro y la dirección que adopta la competencia.

Un multipartidismo relativamente fragmentado puede funcionar bien cuando la distancia ideológica es reducida. A ello contribuyen la agrupación de los partidos en coaliciones estables y una competencia de orientación centrípeta. La baja fragmentación tampoco ofrece un seguro para la democracia. Un bipartidismo polarizado puede producir bloqueos institucionales graves y conflictos políticos abiertos. Varias experiencias históricas latinoamericanas así lo demuestran. Estados Unidos ofrece hoy un ejemplo de baja fragmentación acompañada de una polarización elevada.

El cuadro más adverso surge cuando ambas dimensiones se combinan. Una fragmentación alta, sumada a una distancia significativa entre los polos, dificulta la agregación de intereses y reduce el espacio disponible para alcanzar acuerdos. Ese es el riesgo que enfrenta hoy Chile.

Durante buena parte del periodo comprendido entre 1990 y 2013, Chile tuvo un sistema de partidos que, a partir del multipartidismo extendido descrito por Steven Wolinetz, hemos denominado pluralismo extendido. Había alrededor de seis partidos relevantes. Su agrupación en dos grandes coaliciones ordenaba la competencia y facilitaba la construcción de mayorías. Así se atenuaban los efectos de la fragmentación. Las diferencias ideológicas subsistían, aunque la interacción entre los actores principales seguía una dinámica predominantemente centrípeta. Era un sistema fragmentado, pero relativamente despolarizado.

Eso no significa que las diferencias políticas fueran menores ni que ese equilibrio tuviera bases sociales firmes. Lindh, Fábrega y González estudiaron la evolución ideológica de la población chilena entre 1990 y 2017 y no encontraron una polarización generalizada de toda la ciudadanía, aunque sí un distanciamiento creciente entre grupos específicos. Primero se amplió la brecha entre adherentes y opositores a los gobiernos. Desde 2005 aumentó la distancia entre los grupos socioeconómicos alto y bajo, y a partir de 2011 apareció también un distanciamiento generacional. Los acuerdos políticos descansaban sobre fundamentos sociales cada vez más frágiles.

El cambio se volvió visible en 2017. Alcanzó su mayor expresión cuatro años después, cuando aumentaron la fragmentación y la volatilidad electoral, las coaliciones históricas perdieron votos y capacidad de agregación, y nuevas fuerzas de derecha e izquierda ocuparon espacios significativos.

La apertura del sistema permitió representar demandas que antes tenían una expresión insuficiente. La competencia adquirió, sin embargo, una orientación más centrífuga y se debilitaron los incentivos para alcanzar acuerdos.

Un estudio comparado reciente de Juliusz Gastev aporta un antecedente importante. La base de datos utilizada por el autor sitúa a Chile, en el promedio del periodo 1992-2018, como el tercer sistema de partidos más polarizado entre los 18 países latinoamericanos examinados, después de El Salvador y Ecuador.

Su hallazgo central complica las explicaciones usuales. La volatilidad electoral total, medida mediante el índice de Pedersen, no aparece como un predictor estadísticamente significativo de la polarización. La asociación positiva surge al examinar la volatilidad extrasistémica, entendida como el porcentaje de votos obtenido por partidos nuevos.

Un partido nuevo puede instalarse en un extremo del espacio político o inducir a las organizaciones establecidas a desplazarse hacia posiciones más alejadas para diferenciarse. El número de competidores que ingresan al sistema entrega apenas una parte de la información. Importan más el respaldo electoral que consiguen y su ubicación ideológica. También debe observarse cómo su irrupción modifica las relaciones entre los partidos existentes. La experiencia chilena de la última década parece compatible con esa dinámica.

Los resultados de las elecciones de diputados de 2021 y 2025 permiten observar el contraste. Según cálculos efectuados con información del Servicio Electoral, el número efectivo de partidos parlamentarios disminuyó de 11,50 a 9,79, mientras la volatilidad electoral total descendió de 34,89% a 25,24%. Hubo una concentración parcial. También se redujo la inestabilidad electoral respecto del máximo alcanzado en 2021.

El antiguo equilibrio no reapareció. En la elección de diputados de 2025, las fuerzas situadas fuera de los bloques surgidos de la transición y de sus continuidades concentraron el 60,35% de los votos. En la elección presidencial alcanzaron el 87,75%. La reconfiguración del sistema siguió avanzando, aunque disminuyera el número efectivo de partidos.

Una dimensión diferente siguió la trayectoria opuesta. La polarización afectiva no mide la distancia programática entre los partidos, sino la distancia emocional entre sus electorados. Según el Comparative National Elections Project, aplicado en Chile por el Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la Universidad Adolfo Ibáñez, su índice pasó de 3,9 puntos en la elección presidencial de 2021 a 6,7 en la de 2025. Es un salto considerable. La cifra sitúa a Chile en el segundo lugar entre las elecciones estudiadas por el proyecto desde 2000, superado únicamente por Estados Unidos.

La tercera ola de la encuesta, aplicada después del cambio de gobierno, muestra que el 55% de los entrevistados fue clasificado en la categoría de alta polarización. Entre los votantes de Jeannette Jara y José Antonio Kast, la proporción llegó al 62% en ambos grupos.

Las cifras se movieron en direcciones distintas. Entre 2021 y 2025 disminuyeron el número efectivo de partidos y la volatilidad electoral, mientras la polarización afectiva aumentó con fuerza. Fragmentación y polarización no tienen por qué seguir trayectorias semejantes.

El proceso tampoco es lineal. Los estudios de 3xi y Criteria mostraron que en 2024 disminuyeron las brechas entre las personas de izquierda y de derecha en 13 de los 18 asuntos comparables, mientras la proporción de ciudadanos con alta disposición al diálogo aumentó de 27% a 36%. Un año después, las distancias volvieron a crecer en 12 de los 20 asuntos examinados y la alta disposición al diálogo descendió a 34%. La competencia electoral parece reactivar divisiones que pueden prolongarse más allá de las campañas.

Una persona moderada en sus preferencias puede sentir un rechazo intenso hacia quienes asocia con el bloque contrario. No hay contradicción. La polarización afectiva depende en buena medida de la fuerza de las identidades ideológicas, cuyo efecto puede superar al de la radicalidad y la consistencia de las posiciones sobre asuntos específicos.

Los resultados publicados en mayo de 2026 por el CNEP-LEAS muestran otro cambio significativo. Después del cambio de gobierno, la proporción de votantes de Kast que consideraba las elecciones completamente libres aumentó de 33% a 60%. Entre los votantes de Jara ocurrió lo contrario: disminuyó de 62% a 38%.

La misma inversión aparece al evaluar el funcionamiento de la democracia. La insatisfacción cayó entre los votantes de Kast de 71% a 31%, mientras entre los de Jara aumentó de 31% a 48%.

El cambio fue abrupto. El resultado electoral parece haber influido de manera significativa en la percepción de las instituciones. Quienes ganaron comenzaron a evaluar más favorablemente el funcionamiento del régimen y entre quienes perdieron se produjo el movimiento inverso. Este patrón coincide con el análisis comparado de Carolina Segovia sobre la polarización afectiva y la división entre ganadores y perdedores. Cuando las identidades políticas adquieren una carga emocional intensa, la valoración de las instituciones se vuelve más dependiente de quién ocupa el gobierno.

Los umbrales de representación pueden reducir el número de partidos representados en la Cámara de Diputados y favorecer la concentración parlamentaria. Su efecto sobre la polarización es mucho menos claro.

Una de las justificaciones tradicionales de estos mecanismos ha sido impedir la representación de pequeñas organizaciones extremistas. Dependiendo de su diseño y del contexto político, también pueden perjudicar a fuerzas centristas o concentrar la competencia alrededor de polos enfrentados. Menos partidos no significa necesariamente más moderación.

Una reforma centrada exclusivamente en la fragmentación podría producir una compactación polarizada. Es decir, un sistema con menos organizaciones representadas en la cámara baja, agrupadas en bloques más distantes y con sus extremos fortalecidos. Si preocupa el eventual carácter antisistema o “ iliberal” de algunas fuerzas, una reforma que pudiera fortalecer los polos donde aquellas se ubican resultaría contradictoria.

Las reformas políticas deben tener un carácter sistémico. Corresponde examinar sus efectos sobre el número de partidos relevantes y la capacidad de agregación. También importa saber qué dirección adoptará la competencia y qué incentivos tendrán para cooperar quienes permanezcan en el sistema.

La elevada fragmentación constituye una parte del problema chileno. La amenaza real para la gobernabilidad democrática surge de su interacción con una polarización ideológica y afectiva creciente.

Convertir a la fragmentación en el único villano puede llevar a una reforma que reduzca el número de partidos, pero profundice la polarización de un sistema que opera desde hace años bajo lógicas confrontacionales y centrífugas.