En una elección con voto obligatorio que ampliará de facto la participación electoral, el análisis del escenario exige una dosis especial de prudencia. Los números hablan por sí solos: la volatilidad agregada en la elección de diputados anterior alcanzó un 37,42%, cifra comparable a la observada en democracias europeas como Grecia, Francia, España e Italia durante procesos de reconfiguración profunda de sus sistemas de partidos.

A las puertas de las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025, Chile muestra ciertas señales de estabilización relativa, aunque persisten expresiones nítidas de fragmentación y polarización que aconsejan mantener la cautela analítica. El sistema político parece haber salido del centro de la tormenta, pero aún enfrenta turbulencias relevantes.

La irrupción de nuevas fuerzas, como el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, no parece incidir de forma significativa en el reordenamiento del mapa político. Su impacto preliminar se proyecta como acotado, circunscrito principalmente al interior de la derecha más radical. A diferencia de momentos verdaderamente disruptivos —como el ascenso del Frente Amplio entre 2013 y 2017 o del Partido Republicano entre 2019 y 2021—, estas agrupaciones emergen desde el interior del segmento más extremo de la derecha, sin ampliar sustancialmente el espectro ideológico ni atraer votantes ajenos a su nicho preexistente, pese a la eventual ampliación del electorado por el voto obligatorio.

Su efecto sobre la volatilidad tipo A —la que mide el cambio de votos hacia partidos que compiten por primera vez en el sistema— será probablemente limitado. Esto se explica por tres factores principales:
1. Estas formaciones son escisiones internas de la derecha extrema, lo que representa una fragmentación del espacio ya existente más que una expansión del sistema de partidos. Redistribuyen electores ya movilizados, sin incorporar nuevas bases.
2. Sus votantes provienen fundamentalmente de trasvases internos desde la derecha tradicional o el Partido Republicano, sin capacidad demostrable para atraer un electorado nuevo, masivo o ideológicamente diverso.
3. No presentan propuestas verdaderamente innovadoras que justifiquen migraciones electorales significativas desde otros bloques. Su discurso reproduce líneas ya instaladas en el conservadurismo chileno o similares a las expresadas por el PDG en 2021.

Una dinámica semejante, aunque con matices, se observa en el centro político. Amarillos y Demócratas probablemente obtendrán escaños, consolidando una presencia hasta ahora marginal. No obstante, su porcentaje de apoyo se proyecta similar al de otras fuerzas pequeñas, sin capacidad para alterar sustancialmente las mayorías legislativas. En términos generales, no se identifican actores desafiantes con potencial real para modificar en profundidad el escenario reconfigurado tras las elecciones de 2021.

Donde sí podrían producirse movimientos importantes —y aquí radica el elemento más dinámico del proceso electoral— es en la volatilidad tipo B, es decir, los trasvasijes de votos entre partidos que ya compitieron en la elección anterior. Más allá de la volatilidad interbloque, que según diversas encuestas favorecería a las listas de derecha, esta dinámica interna podría acentuarse dentro de los bloques tradicionales, especialmente en ese sector.

También podría observarse un impacto por la eventual caída porcentual del PDG, que obtuvo un 8,5% en 2021. Sin embargo, el carácter concurrente de las elecciones podría favorecerlo, dada la alta evaluación que las encuestas otorgan a Franco Parisi.

El efecto más visible y potencialmente reconfigurador se concentraría en la derecha: Chile Vamos arriesga perder espacio frente al Partido Republicano. El crecimiento sostenido de este último —en encuestas y elecciones recientes— amenaza el equilibrio interno y podría reubicar a la UDI y a Renovación Nacional en una posición subalterna, tanto en la competencia presidencial como en la composición de la Cámara de Diputados.

Este reordenamiento no tendría únicamente consecuencias electorales inmediatas. Podría redefinir estructuralmente el eje ideológico de la derecha chilena, desplazando su centro de gravedad hacia posiciones más extremas, críticas del consenso democrático de las últimas décadas. Un proceso análogo, aunque en sentido inverso, ha experimentado la ex-Concertación, hoy en buena medida orbitando en torno a las fuerzas de su extremo izquierdo, que han logrado imponer parte considerable de su agenda al conjunto de la coalición.

El escenario más probable, según diversas proyecciones de analistas y operadores partidarios, apunta a un reacomodo controlado. Se anticipa una volatilidad tipo A moderada (8–10%) y una volatilidad tipo B considerable pero no explosiva (11–15%). Este panorama implicaría la consolidación de seis o siete fuerzas principales, con un fortalecimiento parcial pero tangible de la oposición de centroderecha y derecha en la Cámara Baja.

Ello sugiere una cierta estabilización del comportamiento electoral tras años de alta incertidumbre, aunque no exenta de tensiones. El peso creciente de los partidos ubicados en los extremos de la centroderecha y la centroizquierda podría dificultar la construcción de acuerdos legislativos y acentuar la polarización del debate público.

En términos técnicos, un índice de Pedersen —el indicador estándar que mide el cambio neto agregado de votos entre partidos— situado entre 19% y 25% evidenciaría que la crisis de representación política sigue latente, aunque contenida. El momento crítico de 2021, marcado por el estallido social de 2019 y la pandemia de COVID-19, parece superado, pero la ralentización económica, el aumento de la delincuencia, los problemas sociales persistentes y la desconfianza en instituciones y actores políticos siguen siendo amenazas estructurales.

Más allá de los números, lo que está en juego es la arquitectura misma del sistema de partidos chileno. Persisten elementos de continuidad —la competencia democrática, la lógica coalicional presidencial y los ejes temáticos tradicionales (economía, seguridad, rol del Estado)—, pero también se proyectan cambios estructurales de largo alcance: identidades partidarias en redefinición, mayor peso de los extremos ideológicos y agendas que desafían los marcos interpretativos dominantes de las últimas tres décadas.

Si los partidos no logran adaptarse con agilidad, creatividad y capacidad de diálogo, y optan en cambio por profundizar la polarización, la volatilidad electoral futura podría mantenerse elevada o incluso incrementarse, anticipando una crisis política más profunda que eventualmente demande reformas institucionales de mayor calado.