Foto: El presidente Piñera, junto al exministro Mañalich y al exsubsecretario Arturo Zuñiga en el Espacio Riesco

La Contraloría General de la República tomó razón, del contrato suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y Espacio Riesco para el funcionamiento del Centro hospitalario Huechuraba, que colaboró con la red asistencial durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en 2020.

Pese a que desde el Centro de Convenciones Santiago S.A. habían asegurado que en el contrato firmado con el Ministerio de Salud habían aceptado reducir sus cobros en casi cinco veces lo que correspondía, el ente fiscalizador objetó los contratos y determinó que el acuerdo excedía los montos que debía pagar el Estado.

En el contrato, que fue cuestionado en julio de 2020, primero, el organismo fiscalizador detectó pagos duplicados para la habilitación y mantención de la infraestructura básica del recinto razón por lo que el contrato fue declarado ilegal.

Es por esto que el Servicio de Salud Norte reenvió un nuevo contrato que ascendió a $2.091.891.672 y contemplaba la prórroga de un mes y también la implementación de nuevas instalaciones para atención de patologías no consideradas en el primer contrato.

Sin embargo, tras la toma de razón por parte de Contraloría, el precio máximo a cancelar por parte del Ministerio de Salud, asciende a los $1.627.379.672, lo que significa un ahorro para las arcas fiscales de $464.512.326.

Desde Espacio Riesco en diciembre pasado habían accedido a firmar los contratos pese a que aseguraban que los montos establecidos eran cerca de 400 millones menos a lo que se les debería pagar.

“Queremos ser categóricos en reiterar que la suma total de lo que legítimamente se debía pagar a Espacio Riesco era cercana a 1/5 de lo que habitualmente cobramos por nuestros servicios, suma que fue acordada y firmada en su oportunidad con la autoridad sanitaria de la época y que es muestra que no hubo un afán de aprovechamiento comercial de parte de nuestra empresa”, explicaron en diciembre de 2020.

El oficio de la Contraloría determina que los pagos, por parte del Servicio de Salud Norte, deben materializarse sólo en la medida que las prestaciones de salud hayan sido efectivamente realizadas, por lo que el mismo organismo está ejecutando una auditoría que buscará verificar la existencia de documentación que respalde la prestación de los servicios.

El documento además explicita que al momento de llegar a un acuerdo con el centro de convenciones, no se habían determinado de manera oficial los valores que iban a ser pagados por parte del Estado.

“Si bien, en esta oportunidad, el SSMN adjuntó dos cotizaciones adicionales a fin de demostrar que los servicios otorgados por el Centro de Convenciones Santiago S.A. serían los más convenientes a sus intereses y que los valores pactados por las prestaciones respectivas se ajustarían a los precios de mercado, consta que dichas propuestas fueron elaboradas por las empresas que allí se individualizan recién en el mes de septiembre de 2020, de lo que se colige que estas no fueron recabadas antes de llevar a cabo la contratación de que se trata, sino ya finalizado el otorgamiento de las prestaciones por parte del proveedor del contrato”, dice el oficio.