El12 de septiembre pasado la ministra en visita del fraude en el Ejército, Romy Rutherford, tomó declaración, en calidad de inculpado, al jefe del Estado Mayor del Ejército, general John Griffiths. La jueza consultó al oficial por las devoluciones de dinero que habría obtenido por parte de agencias de viajes, en distintas salidas del país que el uniformado hizo por comisiones de servicios. A poco más de un mes de la diligencia, la magistrada ya estaría en condiciones de procesar a la segunda antigüedad de la institución castrense y lo notificaría durante los primeros días de la próxima semana, publica La Tercera.

Así lo habrían asegurado fuentes del caso, quienes agregaron que Griffiths habría sido citado para las 16.00 del martes de la próxima semana, con su abogado, para ser notificado por la ministra Rutherford. Según trascendió, de no concretarse el martes, la diligencia no pasaría del miércoles.

Entre los cargos que la ministra imputaría a Griffiths está el delito de fraude al fisco, por la presunta devolución irregular de fondos fiscales por al menos cinco viajes al extranjero, que el segundo hombre al mando del Ejército habría realizado desde 2009 hasta, al menos, 2015.

¿Dónde está el ilícito? Según los antecedentes que se manejan en la investigación, el general Griffiths, al igual que más de un centenar de oficiales, habría modificado las rutas de sus comisiones de servicio en el extranjero, como también acordado con agencias de viajes que le buscaran rutas más baratas, y lo que sobrara del costo del pasaje se le depositara en su cuenta bancaria.

Esto, según los antecedentes que se manejan en la investigación -en la que también participa la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI-, revestiría un fraude el fisco, pues los imputados se apropiarían de un dinero fiscal.

Para el depósito de lo que “sobraba”, las agencias de viajes habrían justificado la transacción con el rótulo de “exceso de equipaje” o lisa y llanamente “devolución”.

En el entorno del Ejército ya hay claridad de lo que se viene en cuanto al procesamiento de Griffiths. Incluso, el gobierno también manejaría esta información, la cual estuvo monitoreando desde que se conoció que podrían ser más de mil oficiales involucrados en el presunto fraude, a través de los viajes.

Un ejemplo de ello es que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior visan desde cerca el caso, a través de las gestiones de un abogado particular.

La preocupación sobre el procesamiento del segundo hombre al mando del Ejército, quien subroga al comandante en jefe, general Ricardo Martínez, radicaría en que cuando se dicta un procesamiento que implica penas de cárcel, el inculpado debe ingresar a prisión al Regimiento de Policía Militar, en Peñalolén. Si bien se puede apelar, su caso se ve en la audiencia más próxima de la Corte Marcial.

Hasta el momento, en esta arista abierta en marzo por la ministra Rutherford y denominada “Empresas de turismo”, hay tres personas procesadas: un coronel en retiro, un capitán activo y otro coronel activo. Todos han pasado al Regimiento de Policía Militar. Además del general Griffiths, la jueza procesaría a otras cinco personas más.

En tanto, en paralelo a esta investigación la Fiscalía Centro Norte indaga a seis empresas de turismo por sus eventuales responsabilidades en esta maniobra.