Un año y cinco meses han pasado desde el homicidio de Camilo Catrillanca ocurrido el 14 de noviembre de 2018 en Temucuicui, comuna de Ercilla. 

El Tribunal Oral de Angol no ha podido dar inicio al juicio oral en el que se busca juzgar a personal de Carabineros que terminó con la vida del joven comunero en medio de un operativo policial en que el ex GOPE Carlos Alarcón -en la foto, según acusó la Fiscalía- le disparó por la espalda sin mediar provocación alguna mientras se trasladaba en un tractor.

La ausencia de un defensor los primeros días de marzo impidió que se iniciara el juicio y, luego, la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del Covid-19, llevó al tribunal a suspender el proceso penal. En medio de esta paralización, la defensa del principal acusado del caso, el ex suboficial de Carabineros Alarcón pidió revisar su prisión preventiva, que actualmente la cumple en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, y sustituir esta medida cautelar hasta que se reactive el juicio oral en su contra.

Durante la “audiencia virtual” -ya que se realizó por videoconferencia según las medidas para evitar contagio de coronavirus en tribunales- se ventiló un antecedente que hasta ahora era desconocido para el resto de los intervinientes y es que pese a haber sido dado de baja, Carabineros le paga a Alarcón una pensión mensual de $856.646, más dinero a sus cargas familiares, esposa e hijos, lo que totaliza casi $900 mil; además de que la propia institución le entregó $21.033.528 por concepto de indemnización tras ser marginado de sus filas.

El ex GOPE fue dado de baja el 18 de noviembre de 2018 y, el día 30 de ese mismo mes, fue formalizado, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

La pensión de retiro fue tramitada cuando ya tenía calidad de imputado y había sido marginado de la institución. Según los documentos exhibidos en la audiencia de hoy, el 8 de abril de 2019 la Dirección de Personas de Carabineros dictaminó dar curso al beneficio.