La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó formalmente la acusación contra el exalcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, a quien imputa seis delitos de fraude al Fisco cometidos durante su presidencia en la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Según el escrito de 21 páginas ingresado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal Mitzy Henríquez solicita una pena total de 10 años y cinco meses de cárcel para el exjefe comunal.

Zarhi, quien dejó el cargo en 2021 tras cinco años al mando de la comuna, fue formalizado en febrero de 2024. Las acusaciones apuntan a la firma de contratos y finiquitos con cláusulas indemnizatorias fuera de norma, que habrían generado un perjuicio fiscal superior a los $190 millones. Entre los involucrados también figuran el exdirector del Cesfam Rosita Renard, Roberto Stern; el exsecretario de la Corporación, José Palma; y el exdirector jurídico, Ludwig Bornard.

Uno de los puntos centrales de la acusación es el contrato de Palma, que incluía una indemnización “a todo evento y sin tope legal” equivalente a seis sueldos, además de un finiquito por $44 millones. La fiscalía sostiene que ese pago se realizó tras calcular 108 días feriados, cuando correspondían solo 37, lo que generó un perjuicio de más de $27 millones, publica La Tercera.

La persecutora argumenta que los contratos suscritos por Zarhi contenían “cláusulas abusivas” y fueron firmados “sin facultades suficientes”, lo que contravino sus deberes como autoridad responsable del patrimonio de la Corporación. Por ello, se le imputan cinco delitos en calidad de frustrados y uno consumado.

Durante la investigación, Zarhi permaneció con firma quincenal tras haber estado inicialmente bajo arresto domiciliario nocturno. En la acusación, el Ministerio Público solicita cinco penas de 541 días y una de tres años y un día, que podrían ser sumadas o recalificadas por el tribunal para una condena efectiva.

La Fiscalía incluyó como parte de las pruebas a 11 testigos, entre ellos la exalcaldesa de Ñuñoa y actual subsecretaria del Deporte, Emilia Ríos, quien presentó la denuncia penal que dio origen a la causa. También se sumaron 61 documentos y ocho evidencias materiales.

Tanto la defensa como el Consejo de Defensa del Estado solicitaron la reapertura de la investigación, y el tribunal fijó para el 12 de junio la audiencia para resolver dicha solicitud. Con esto, se abre un nuevo capítulo en el proceso judicial que enfrenta una de las exautoridades más emblemáticas del sector oriente de Santiago.