La Contraloría Regional de Valparaíso concluyó que Virginia Reginato (UDI) y su exasesor jurídico, Pablo Staig, deberán restituir al municipio de Viña del Mar más de $3.600 millones. El monto corresponde a un daño patrimonial causado por la falta de pagos previsionales y de salud a funcionarios municipales.

Aunque la actual administración ya pagó esa deuda, tuvo que pedir un préstamo bancario en 2023 para cubrirla. Por eso, el organismo fiscalizador determinó que quienes lideraban la comuna en ese momento deben asumir la responsabilidad.

Según el informe, Reginato “se encontraba en pleno conocimiento de la realización de actividades cuestionadas, sin que hubiera actuado a fin de evitar el gasto improcedente que ellas generaron”. Las irregularidades incluyen eventos como el Día de la Madre, homenajes a bomberos y actividades culturales.

Además, el Consejo de Defensa del Estado exigió que Pablo Staig devuelva $35 millones. El exfuncionario firmó decretos alcaldicios relacionados con los gastos objetados. En el documento se afirma que “no veló por una eficiente e idónea administración de los recursos municipales puestos bajo su cuidado, e incurrió en una acción culpable”.

Este martes 10 de junio, el Concejo Municipal de Viña del Mar deberá analizar la solicitud del CDE y evaluar los pasos legales a seguir.

Así, el caso de Virginia Reginato marca un precedente en la rendición de cuentas del aparato público, donde por primera vez se buscará que los responsables de una mala gestión respondan con su propio patrimonio.

Cabe recordar que, tras dejar la alcaldía, Reginato resultó electa como concejala, sin embargo, el 20 de julio de 2011 el Tribunal Calificador de Elecciones procedió a destituirla por notable abandono de deberes en su rol de alcaldesa. Si bien ya no ejercía el cargo, el Tricel la inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años.