A pesar de que la acusación penal contra Daniel Jadue fue retirada tras la reapertura de la investigación en su contra, las posibilidades de que el exalcalde de Recoleta regrese a la carrera parlamentaria son prácticamente nulas, según el expresidente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Patricio Valdés.

El exministro de la Corte Suprema fue claro: la resolución que dejó fuera a Jadue de las elecciones se tomó con base en los antecedentes disponibles, y no puede revertirse por hechos sobrevenidos.

“Los plazos están vencidos y no hay margen para objeciones”, afirmó Valdés, quien presidió el Tricel y fue juez durante 11 años en la Corte Suprema, con una trayectoria destacada en la Cuarta Sala.

La defensa del exjefe comunal, actualmente sin acusación formal tras una decisión del Ministerio Público, evalúa presentar una reposición ante el Tricel con el argumento de que, al no estar ya acusado, no existe causal para suspender sus derechos políticos. Sin embargo, para Valdés, esa estrategia no tiene futuro.

“Sí, la facultad de presentar reposiciones existe. Pero, independientemente de eso, por mucha reposición que se presente, yo creo que ya es tarde. No se puede hacer nada porque el Tricel falló de acuerdo a los antecedentes que tenía en ese momento”, sostuvo.

El exmagistrado también abordó el trasfondo constitucional del caso. La Carta Magna establece que una persona formalmente acusada por delitos que conllevan pena aflictiva pierde su derecho a ser candidato. Y ese era precisamente el estatus de Jadue cuando su postulación fue rechazada.

“Cuando el Tricel revisó su candidatura, el señor Jadue estaba acusado. Por lo tanto, no podía competir. Eso es lo que establece la Constitución y eso fue lo que se aplicó”, recalcó Valdés en La Tercera.

No obstante, reconoció que el sistema actual podría prestarse a arbitrariedades, al dejar en manos del Ministerio Público decisiones que afectan derechos políticos sin necesidad de una ratificación judicial.

“A mí, personalmente, me hubiera gustado que eso hubiera sido confirmado por un juez. No es razonable que una decisión de esa magnitud dependa exclusivamente de un fiscal”, agregó.