El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se refirió a la filtración del “pinchazo” al exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi. Se trata de algo que se conoció durante el fin de semana.

En específico, se trató de la desclasificación de una escucha telefónica que captó la Policía de Investigaciones (PDI), en medio de la indagatoria del caso ProCultura, arista del caso Fundaciones, entre el exfuncionario de Gobierno, con su madre, la socialista Claudia Serrano.
 

En el diálogo, Crispi acusa supuestas presiones de la exsenadora Isabel Allende para concretar la compra del inmueble de su padre.
Consultado al respecto, el fiscal Patricio Cooper comenzó diciendo que lo filtrado “es información que estaba en la carpeta investigativa del mes de enero, o sea, hace más de casi cinco meses atrás”.

“Se entregaron copias la semana pasada a los intervinientes y la intervención telefónica del señor Crispi estaba autorizada por un tribunal de la República. Eso es lo que yo puedo indicar al respecto y en base a conversaciones que lamentablemente se han hecho públicas, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación que se denomina el caso por la compra fallida de la casa del expresidente Allende y el fiscal nacional decidió que la Fiscalía Regional de Coquimbo llevara a esa investigación”, complementó.

Agregando “esa es la razón por la cual, digamos, se abrió la causa, justamente porque en un hallazgo casual, en una intervención telefónica de otra causa, se tuvo esa información a la vista”.

Respecto a desde cuándo está “pinchado” el teléfono, Cooper contestó que el aparato “ya no está pinchado, no está intervenido y desde cuándo a cuándo tampoco va a haber información respecto a eso, tomando en cuenta que ProCultura, si bien se venció el plazo de secreto, aún no entregamos copia a ningún interviniente y, por lo tanto, no voy a dar información alguna respecto a esa causa”.

“Me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos, no se cuestiona las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo, etc. Hay controles cruzados”, señaló.

"La Fiscalía Regional de Coquimbo considera que teníamos fundamentos para solicitarlo, así lo solicitamos y nos fue otorgada por el Tribunal de Garantía en uso legítimo de las funciones o de las responsabilidades y atribuciones de un juez de garantía”, finalizó