El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, abordó la controversia que se generó tras el allanamiento a la diputada Karol Cariola (PC). Esto, recordemos, en el marco de una causa que está liderando: el caso Sierra Bella.

Las diligencias generaron críticas, pues fue el mismo día en que la parlamentaria estaba hospitalizada tras dar a luz a su primer hijo. Frente a eso, el persecutor dijo que “era urgente realizar la diligencia, sino se ponía en riesgo el éxito de la investigación”.

El persecutor explicó que “en medio de análisis a los celulares de imputados del caso Sierra Bella surgió una información” que los motivó a pedir al tribunal una orden para poder incautar los dispositivos electrónicos de la diputada del PC.

En ese sentido, explicó que la solicitud ingresó al tribunal el jueves y el viernes se aceptó. “Hubo un tema técnico por el cual la PDI no pudo ingresar el sábado”.

“Y como se hace en todos los casos, este no es especial, se decidió monitorear el departamento de la imputada. Fue así como la policía ingresó a las 7:00 AM del lunes, recién ahí se enteraron que la diputada no estaba en su hogar y se había trasladado a un centro asistencial”, complementó.

En cuanto a que era de conocimiento público que estaba en la etapa final de su embarazo, Cooper respondió “aquí lo que mira el Ministerio Público no es el estado de salud de una persona, porque si fuera por eso, no podríamos perseguir ningún caso que involucre a una persona embarazada o enferma”.

“Sí”, contestó al ser consultado si era necesario realizar el allanamiento ese mismo día. Esto, pues, “tenía que darle acceso a los intervinientes del caso Sierra Bella de un informe de la PDI, el 487″.

“Ese informe contenía información que daba origen a esta investigación y si bien había dispuesto no entregar esa información a los otros querellantes del caso, sí debía hacerlo a la defensa de la exalcaldesa Irací Hassler y eso pondría en peligro el éxito de la diligencia dado el nexo entre ambas. Es más, le cuento que la idea original era efectuar la diligencia el viernes pasado, pero la orden no salió hasta ese día y por ende instruí que fuera el sábado o lunes a primera hora”, dijo.

Por último, en diálogo con La Tercera y al ser consultado por si existe -o no- un mea culpa, el representante del Ministerio Público contestó “somos fiscales, investigamos delitos”.

“Acá hay un tribunal que revisó los antecedentes y nos dio la razón, el tribunal también sabía de la situación del embarazo y de quién era la imputada. No hay un trato distinto, hay un trato de igualdad ante la ley y es una investigación que está comenzando y que para avanzar y no entorpecerse era necesario hacer lo que se hizo el lunes”, sostuvo.

Concluyendo “asumo yo la responsabilidad de la dirección de esta investigación (…) era urgente realizar la diligencia, sino se ponía en riesgo el éxito de la investigación”.