Foto: Tres de los reclusos detenidos en Punta Peuco. Los exoficiales del Ejército Alvaro Corbalán, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, cuyas condenas juntas, suman más de mil 500 años de cárcel.

Gendarmería inició el traslado de 32 reos desde distintos establecimientos al Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Tiltil, conocido como el expenal Punta Peuco, donde están recluidos los más importantes violadores de lesa humanidad, por crimenes cometidos en la dictadura.

A través de un comunicado, la institución informó que "este proceso contempla el traslado de personas privadas de libertad provenientes del CCP Colina 1 y de otros establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con evaluaciones técnico-penitenciarias individuales y los criterios de segmentación institucional vigentes".

Asimismo, indicaron que "la medida forma parte de la gestión permanente que desarrolla Gendarmería de Chile para optimizar la administración del sistema penitenciario, considerando criterios de seguridad, infraestructura, descongestión de recintos, condiciones de habitabilidad y requerimientos operativos propios de cada establecimiento".

Los 32 reos corresponden a exfuncionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, quienes se encontraban en Colina 1 por delitos y crimenes relacionados con casos de violaciones a los Derechos Humanos.

Reos pidieron traslado voluntario a otros recintos

Cabe recordar que a finales de mayo, Gendarmería confirmó el traslado de tres reos comunes desde exPunta Peuco a otras cárceles del país, tras recibir la petición voluntaria de los mismos reclusos.

"Conforme a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y criterios de segmentación, se efectuó el traslado de privados de libertad desde el Centro Penitenciario de TilTil, quienes fueron reubicados en distintos establecimientos penitenciarios, tras la petición por escrito que presentaron de manera voluntaria", afirmó en ese momento la institución.

Asimismo, indicaron que se trataba de "gestiones técnicas y normativas que se desarrollan de manera continua, orientadas en criterios de seguridad, condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad".