El nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a las violentas protestas que pescadores artesanales han llevado a cabod en diferentes puntos del país por el proyecto de ley de fraccionamiento y advirtió que si continúan, “el Estado va a hacer todo el uso de la fuerza del derecho”.

Durante este jueves, un grupo de trabajadores del sector bloqueó el ingreso de embarcaciones al puerto de Valparaíso con sus botes, tras lo cual lanchas de la Armada los persiguieron para liberar el tránsito marítimo.

“Son acciones violentas que no solo el Estado repudia, sino que además de eso están ejerciendo acciones legales contra quienes las han ejecutado. Las estrategias operativas de carabineros de Chile y particularmente de COP, las estrategias operativas se han ajustado estrictamente al protocolo de intervención”, aseguró la autoridad.

Y agregó que “ese protocolo de intervención suponía entonces intervenir en aquellos casos que se estuvieran afectando bienes de terceros o se interrumpiera severamente el ejercicio de derechos de otras personas. Quienes participaron de esas manifestaciones no sostuvieron ninguna condición de diálogo con lo cual Carabineros de Chile tuvo que intervenir y lo va a hacer así cuantas veces sea necesario".

Además, la autoridad agregó que "los manifestantes tienen el legítimo derecho a expresar sus opiniones, pueden discrepar de lo que se discute en el Congreso. A lo que no tienen derecho porque la Constitución no se los permite, es amedrentar con manifestaciones fuera del Congreso Nacional y en segundo lugar a atentar en contra de bienes públicos o derechos de las personas o de funcionarios del Estado".

"Por eso el Ministerio del Interior ha interpuesto querellas respecto de los funcionarios policiales lesionados y, en segundo lugar, respecto de los vehículos incendiados. El delito de incendios y los atentados en contra de la autoridad quiero recordar que tienen penalidades altas", afirmó el futuro ministro.

Luis Cordero advirtió que "si esas manifestaciones continúan y escalan en la violencia, el Estado va a hacer todo el uso de la fuerza del derecho y las reglas del derecho en este ámbito son muy severas sobre este punto".

En lo que compete al borde costero, "cuya competencia es de la Dirección General de Territorio Marítimo que es donde opera la Policía Marítima, se mantienen las coordinaciones y también mediante los medios operativos que permite la ley, Directemar ha intervenido en esos casos".

"Tampoco el Estado va a aceptar que se bloquee el transporte, en este caso marítimo, porque no hay reivindicación posible que pueda justificar el atentar en contra de bienes básicos en el funcionamiento del sistema militar", finalizó.