El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la inyección de $513 millones al Servicio Médico Legal (SML) para la implementación de un plan que reduzca la brecha de salud mental que permita acelerar la realización de peritajes en el marco de las investigaciones de causas de posibles violaciones de derechos humanos.

La medida se enmarca para poder realizar los trabajos pendientes relacionados al Protocolo de Estambul y dar cumplimiento a los requerimientos del Ministerio Público, así como el retardo que existe en brechas de pericias psiquiátricas.

La inversión también considera optimizar los tiempos de respuesta para peritajes de salud mental, con la contratación de personal y ampliación del sistema de turnos. Esto incluye más de 1.000 pericias psiquiátricas como casos de violaciones a los derechos humanos, informes psiquiátricos de imputabilidad, víctimas de abusos sexuales y para personas privadas de libertad.

El plan para la fortalecer la realización del denominado Protocolo de Estambul, que incluye procedimientos de evaluación clínica y mental (física y sicológica) para acreditar signos de tortura por parte de agentes del Estado, incluirá mayores recursos y contará con un equipo de trabajo de 130 profesionales acreditados del SML, quienes tendrán el objetivo completar los peritajes en cerca de 900 causas a más tardar en el mes de noviembre.

Esta medida fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera en su última Cuenta Pública, y definida en el marco de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, conformada por el ministro Hernán Larraín, e integrado por las máximas autoridades de la Corte Suprema, Ministerio Público, Defensoría Nacional, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Colegio de Abogados.

En ella se creó una subcomisión, encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el fin de coordinar el plan de realización de pericias.

El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, más conocido como Protocolo de Estambul, es una iniciativa adoptada en el año 2000 por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El acuerdo es reconocido como un estándar internacional con lineamientos que permiten investigar y constatar adecuadamente los alegatos de tortura y/o malos tratos, y como un instrumento que permite a abogados, médicos y psicólogos investigar y documentar los efectos en las personas que denuncien haber sufrido tortura y malos tratos, como también lineamientos para comunicar adecuadamente dichos hallazgos a los órganos judiciales y otros órganos investigadores.