El gobierno de Piñera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos negó que exista un compromiso de impulsar el matrimonio igualitario. 

El Movilh acusó un incumplimiento, principalmente, del punto número 3, argumentando que la postura manifestada públicamente por el  ha sido de no impulsar o acelerar el proyecto de matrimonio igualitario para lograr su aprobación, iniciativa que fue ingresada al Congreso en agosto de 2017 por la administración de Bachelet.

El ejecutivo en defensa manifestó que la firma del acuerdo nunca significó que el Ejecutivo, cual fuera el Presidente, debiese asumir el compromiso de promover el proyecto en el Congreso, o bien de obtener la aprobación del mismo”.

El otro argumento central del Ejecutivo ante la CIDH para sustentar su posición es que -según se lee en el documento- “el Estado, a través del Ejecutivo, no podría haberse obligado a ejecutar una acción que compromete a otro Poder del Estado (Poder Legislativo)”.

En la minuta de la Subsecretaría de DD.HH., que encabeza Lorena Recabarren,  señala: “El Movilh argumenta que el Estado no ha cumplido su compromiso en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. En efecto, de acuerdo al comunicado de Rolando Jiménez, ‘tanto el Estado de Chile como nosotros y la CIDH asumimos el compromiso de impulsar de manera permanente el matrimonio igualitario, con miras a su aprobación’. Esta afirmación no se condice con los compromisos adquiridos por Chile”.

“El Ejecutivo no puede, a través de un acuerdo de solución amistosa, comprometer al Congreso a aprobar un proyecto de ley. Lo contrario sería atentar contra el principio constitucional de separación de poderes. Por otra parte, la Presidenta Michelle Bachelet no podría haber obligado a su sucesor, a través un acuerdo de solución amistosa, a promover activamente y obtener la aprobación por parte del Congreso de un proyecto de ley sobre materias en la que existen naturales diferencias de opinión”, agrega.

“Asumir lo contrario podría plantear un problema de constitucionalidad, puesto que ello implicaría aceptar que decisiones adoptadas por administraciones pasadas puedan limitar el ejercicio actual y soberano de las atribuciones constitucionales que son propias del Presidente de la República en relación al artículo 32 de la Constitución”, se recalca en el texto.

También, se enfatiza que “el Estado de Chile considera que cumplió el compromiso adquirido en el acuerdo de solución amistosa suscrito con el Movilh en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo”.