“Estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda en alternativas legislativas en relación al tema de los tragamonedas”. Así lo indicó el subsecretario de la cartera, Francisco Moreno, al reconocer la disponibilidad del gobierno de presentar en los próximos días una propuesta frente al debate que se lleva adelante en el Senado para regular la legalización de estas máquinas, según informa La Tercera.

Hasta ahora, al interior del gobierno hay más de una postura sobre la forma en que el Ejecutivo podría incidir en la tramitación del proyecto de ley que busca legalizar las máquinas tragamonedas de barrios -distintas a las de casinos que están reguladas- y que avanza en el Senado.

Por una parte, están quienes creen que no se debiera legislar para que el mercado de los tragamonedas no prolifere. Y. por otro, existen opiniones que apuntan derechamente a regular.

La decisión está en manos del Ministerio de Hacienda, donde se prepara una fórmula para intervenir en el proyecto que en 2013 ingresaron cuatro senadores (Ximena Rincón, Fulvio Rossi, Carlos Bianchi y Jaime Quintana) y que este año se aprobó en general en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.

“Por parte del gobierno hay una disposición y una voluntad a legislar sobre el particular en virtud del debate que se está generando en la Comisión de Gobierno al interior del Senado”, afirma el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.

En las próximas semanas, Moreno se reunirá con el Presidente Sebastián Piñera para presentar las opciones y definir una postura. Para ello ha tomado contacto con varios intervinientes en la tramitación. Entre ellos, escuchó a la Superintendencia de Casinos y Juegos, que comanda Vivien Villagrán, entidad que ha sido férrea opositora a legalizar. Del mismo modo, un equipo de la Segpres se encuentra analizando los efectos que ha provocado la legalización en otros países, como Perú.

Todo esto, luego de que el Senado aprobó el 22 de agosto pasado la idea de legislar en la materia por votación unánime de los cinco senadores de la Comisión de Gobierno: Pedro Araya (ind.), Carlos Bianchi (ind.), Rabindranath Quinteros (PS), Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

Fue durante ese debate que los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo zanjar el destino de la propuesta. “En la comisión hay gente que votó a favor para que el gobierno tome la decisión. O lo declare ilegal o le pida a la Superintendencia de Casinos que los regule como corresponde. Por eso, que la pelota la tenga el gobierno y que el gobierno ahora tome una determinación”, señala el senador Quintero, quien durante su desempeño como alcalde de Puerto Montt otorgó patentes municipales para el funcionamiento de máquinas tragamonedas, por lo que ahora es partidario de regular.

Otros, en cambio, como la senadora Ebensperger, están por establecer una prohibición más precisa a estas máquinas. La parlamentaria gremialista presentó una moción para definir lo que son las máquinas de azar como todas aquellas que entreguen un premio avaluable en dinero. Con eso se busca eliminar la disyuntiva sobre si se trata de máquinas de azar o destreza. Esto, considerando que las primeras son permitidas solo en casinos, pero sobre las segundas la ley no es expresa y es bajo esa calidad, que se otorgan las patentes.

La inminente intervención de la Segpres y de Hacienda en la tramitación de la ley marcará un giro en la actitud que el Ejecutivo sostuvo frente al tema en el primer gobierno de Piñera. Esto, porque en 2013, luego de que surgiera desde Hacienda la iniciativa para regular esta actividad, Interior le habría transmitido al Mandatario que no podía ser su gobierno el que legalizara estas máquinas, por lo que, en esa ocasión, la iniciativa quedó truncada.

Ahora, la ofensiva legislativa coincide con la aparición de una arista política en la investigación respecto del negocio de las máquinas de juego. Hace algunas semanas, la Fiscalía Oriente allanó las dependencias de los integrantes de la asociación gremial que agrupa a operadores y empresarios de estas actividades, Fiden, y a algunos de sus asesores.

El Ministerio Público indaga posible cohecho en la entrega de patentes y presuntos aportes irregulares a campañas. Sin embargo, según fuentes consultadas, para el gobierno la investigación y la tramitación del proyecto corren por cuerdas separadas.


Corte Suprema a punto de fallar sobre dictamen de Contraloría

En febrero de 2017, la directiva de la gremial de operadores de máquinas de juegos (Fiden), representada por Sebastián Salazar y Jaime Curihual, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo económico en contra del contralor, Jorge Bermúdez.

La asociación recurrió al tribunal porque días antes, el 23 de diciembre, la Contraloría había restringido el otorgamiento de patentes para máquinas de juegos que, hasta entonces, era facultad de los municipios. Según la normativa, las máquinas de destreza no están prohibidas fuera de los casinos -como sí lo están las de azar- y bajo ese registro se otorgan patentes.

Así, en su dictamen, la Contraloría exigió que fuera la Superintendencia de Casinos la entidad a cargo de certificar que cada máquina cumpla la condición de ser de destreza.

El tribunal de alzada acogió el recurso de Fiden en agosto pasado, pero la Contraloría apeló a la Corte Suprema y en los próximos días el ministro Carlos Aránguiz dará a conocer el fallo que se encuentra en acuerdo.

La causa en fiscalía y las consecuencias de los allanamientos

Pablo Zalaquett tenía una sociedad con el exsubsecretario de Prevención del Delito Cristóbal Lira. La formaron para traer desde España a Chile la marca de zapatos Alpe. Sin embargo, el reciente allanamiento a la residencia del exedil, que el Ministerio Público realizó en el marco del caso Fiden, provocó que el negocio se deshiciera.

La fiscalía mantiene en secreto los pormenores de la causa. Desde su inicio fue declarada en reserva en virtud de que se investigan delitos de lavado de activos. Pero, entre los últimos pasos conocidos en la causa, están los cerca de 20 allanamientos simultáneos realizados por la PDI a distintos municipios del país y que apuntan a conocer el proceso de otorgamiento de patentes a empresarios del rubro.

Según fuentes ligadas al proceso, la fiscalía, además, habría levantado el secreto a las cuentas bancarias de algunos imputados y la incautación de correos electrónicos, los que están siendo periciados por la PDI.