La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó el procesamiento de cuatro civiles en la denominada masacre de Laja-San Rosendo, ocurrida el 18 de septiembre de 1973, en la que fueron asesinadas 19 personas por un piquete de Carabineros de la tenencia de Laja, en la Región del Biobío.

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada penquista encausó a Pedro Jarpa Forester, Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Rodolfo Román Román, como cómplices en los homicidios calificados de al menos siete de los trabajadores, entre empleados de la Papelera Laja y de Ferrocarriles del Estado.

Las víctimas corresponden a Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez.

La ministra Carola Rivas, que preside la Quinta Sala del tribunal de alzada, argumentó que "los antecedentes reunidos, a juicio de estos ministros, se estimaron suficientes para presumir fundadamente que la participación de los (cuatro individuos) que actualmente son procesados es en calidad de cómplices".

Los cuatro civiles "prestaron vehículos, consignaron e individualizaron nombres de personas que debían ser detenidas y proporcionaron diversos medios que finalmente significaron que los delitos de homicidio fueran concretados por personal de Carabineros", detalló. 

Tras conocerse la noticia, el abogado de las familias de las víctimas, Adolfo Montiel, relató que los encausados "prestaron la cal y las cuerdas para que esta gente fuera amarrada y después asesinada camino a Los Ángeles, en el fundo Perales, entonceshabía una evidente complicidad y conocimiento del resultado que iba a ocurrir". 

"Nos lleva de satisfacción, pero es un camino largo todavía. Falta que dicte la acusación el ministro (en visita especial para causas de violaciones de derechos humanos, Carlos Aldana), se defenderán ellos seguramente; después viene la sentencia y seguramente van a apelar a la Corte (de Apelaciones); y al final esto terminará como todos los casos de derechos humanos, en la Corte Suprema, en Santiago", manifestó el letrado. 

Responsabilidades

Sobre la responsabilidad de Jarpa Forester la resolución indica que: "(...) por cuanto desde su cargo de jefe de Seguridad de la Papelera (de Laja), facilitó la detención de estos trabajadores de la misma empresa, proporcionando sus nombres,sindicándolos e identificándolos cuando ellos salían y entraban a la planta frente a Carabineros".

Mientras tanto, sobre la responsabilidad de Ferrer Gómez y Aguilera Covarrubias el fallo detalla que "en su calidad de jefes de la Papelera CMPC, proporcionaron a Carabineros de la Tenencia Laja los nombres de los trabajadores que a su juicio eran agitadores políticos colaborando con su detención en la puerta de acceso a la planta, facilitaron vehículos y personal de choferes para su traslado y materiales como cal para cubrir sus cuerpos una vez que fueron asesinados".

"En cuanto al último de ellos", Román Román,"actuó como chofer de los vehículos utilizados en el traslado de los detenidos, especialmente un jeep Land Rover, prestando colaboración en los ilícitos descritos".

El texto concluye que "las presunciones fundadas sobre la participación antes señalada nacen de las declaraciones de los propios inculpados".

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos consigna en su sitio web que el 11 de octubre de 1973 los cuerpos de los fallecidos fueron descubiertos por lugareños enterrados en una fosa de arena en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y Yumbel.

El ministro en visita Carlos Aldana lideró la reconstitución de escena en el año 2014. 

El senador Alfonso de Urresti divulgó el fallo a través redes sociales anunciando el "histórico fallo de Corte de Apelaciones de Concepción que somete a proceso a 4 ex ejecutivos de la CMPC por asesinato de 19 trabajadores de Laja-San Rosendo en septiembre de 1973. Cómplices civiles de la dictadura hasta ahora en la impunidad. Bien por la lucha de esas familias!", escribió en Twitter.