La congregación de los Hermanos Maristas en Chile denunció a uno de los suyos por abusos sexuales cometidos en contra de 14 menores, alumnos de dos establecimientos de la orden.

 

Fue el propio religioso, identificado como Abel Pérez Ruiz, quien confesó en 2010 los hechos cometidos la década del 70, y actualmente está separado de sus funciones educativas con niños.

 

Según su declaración, los abusos sexuales se cometieron contra 14 estudiantes del Instituto Alonso de Ercilla y del Colegio Marcelino Champagnat, de La Pintana, delitos que habría continuado realizando el educador hasta el año 2000.

 

Representantes de las víctimas hicieron tres peticiones a la congregación: dar a conocer un comunicado para revelar lo sucedido; enviar una carta a cada una de las víctimas, reconociendo el daño causado y ofreciendo apoyo psicológico, y entregar una compensación económica a ONGs dedicada a la defensa de los menores. La congregación ofreció $75 millones.

 

Pérez Ruiz fue denunciado el lunes a la fiscalía, pero el resultado de la investigación es incierto por el tiempo transcurrido desde cometidos los eventuales delitos que ya estarían prescritos.

 

Uno de los elementos que siempre ha sido cuestionado por la opinión pública es la liviandad del castigo que entrega la Iglesia contra los abusadores sexuales, además de la conocida protección. 

 

 

 

Denis Hart, Arzobispo de Melbourne, dijo a medios de comunicación que está preparado para ser encarcelado por no denunciar el abuso sexual de niños por los sacerdotes pedófilos.

 

Finalmente, Hart hace un comentario sobre la información recibida en confesión por parte de algunos menores que reconocen abusos sexuales y confiesa que “preferiría ir a prisión que romper el sello de confesión al denunciar a sacerdotes acusados de pedofilia”.

 

El cuestionamiento sobre la competencia de la justicia en estos casos ha sido un elemento recurrente, tema que zanja el abogado Mauricio Daza al indicar que “ha existido una evolución respecto de esta materia. Hace unos años el que un sacerdote estuviera involucrado en delitos de connotación sexual habitualmente terminaba en la impunidad. Y en algunos casos con la ayuda de la Iglesia Católica”.

 

“Era recurrente el traslado de las personas imputadas fuera del país para dificultar el accionar de la justicia. Al llegar la Reforma Procesal Penal me parece que se ha avanzado en esta materia y no he notado que exista algún tipo de beneficio o incluso de trato favorable a un sacerdote por solo serlo”, explica el abogado.

 

“Sin embargo, lamentablemente, una parte importante de los delitos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia contra menores de edad, corresponde a hechos sucedidos hace varias décadas. Acá surge el inconveniente de la prescripción del delito y la investigación se somete a las reglas del sistema procesal antiguo”, aseguró Daza.

 

Juan Carlos Cruz, uno de los demandantes en el Caso Karadima, fue crítico del accionar de la Iglesia chilena frente a los casos de delitos sexuales cometidos por sacerdotes.

 

“Me da pena, porque soy católico, y me da pena porque hay mucha gente buena en la Iglesia que no se merece esto, pero es cierto que la jerarquía ha encubierto los abusos, que tienen cero credibilidad”, dijo.

 

“Tú ves las declaraciones de prepotencia, vemos el actuar de (Ricardo) Ezzati, vemos el actuar de (Francisco Javier) Errázuriz, el actuar de los obispos de El Bosque (formados por Fernando Karadima), vemos el nombramiento de Barros... O sea, se sienten (en la jerarquía) sobre todos nosotros y por fin la gente está diciendo: “Basta, ya no nos van a poner más la pata encima””, reflexionó Cruz.

 

Ernesto Reyes Plaza, representante provincial de la Misión Marista, entregó un comunicado que da cuenta de la situación que involucra a uno de sus miembros.

 

“En virtud de los graves hechos ya mencionados, como Congregación hemos decidido interponer acciones legales contra el responsable de esta situación que ha afectado directamente a nuestros exalumnos, que son el fruto de nuestra formación valórica y académica”, dijeron.

 

“Una vez que se tuvo conocimiento de estos actos abusivos, el hermano tuvo que abandonar inmediatamente el colegio, siendo relegado a cumplir labores estrictamente administrativas, alejado totalmente de toda relación con niños, niñas y adolescentes”, aseguraron en el comunicado hecho público.