No son intenciones, son hechos. Las consecuencias de la campaña que lleva adelante la Comisión Nacional de Visita del Papa Francisco, que preside el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos Pérez, junto a un equipo experto en comunicaciones, mega eventos y responsabilidad social de la empresa, es de tal envergadura que está causando un daño irreparable a la pertenencia eclesial de los pocos católicos y católicas que van quedando y que poco saben de los sabrosos entretelones del ejercicio del poder en la iglesia.
 
Ante todo, hay quienes justifican que fue el afán de transparencia de los jóvenes ejecutivos de la Comisión Nacional, y casi de modo natural, lo que les llevó a informar que la visita del Papa costaría seis millones de dólares y que éstos debían ser financiados por los feligreses.

 En ambientes eclesiales se comenta que al obispo Ramos le fue mal cuando pasó el platillo por el gobierno y las empresas privadas.  Estas últimas, o no se manifestaron o hicieron escuálidos aportes, que en cualquier caso resultan insuficientes para la realización de los eventos contemplados en tres días de la visita papal. A la fecha, solo hay 600 millones de pesos de los 4 mil millones necesarios, es decir, solo un 15% de la meta.

 Por su parte, el gobierno, que está terminando su gestión y ya no tiene recursos, anunció que tratándose de una visita “pastoral” (Ramos lo dejó muy claro el primer día) solo financiaría lo correspondiente a la visita de estado de Francisco, en cuanto jefe del estado Vaticano. Es decir, con platas de todos los contribuyentes, al igual como sucede cuando otros jefes de estado que visitan el país, se financiará solo lo protocolar y la seguridad de la comitiva y de los feligreses. Todo lo demás deberá ser de cargo de la Iglesia.

 Esto explica, según los más benevolentes, que la Comisión Nacional de la Visita haya puesto todos los huevos en una canasta: la recaudación de dineros entre la población católica como si de la Teletón se tratara. Esta, según explicó la Comisión, es la segunda etapa de la campaña “Papa Francisco, yo lo invito” que desde ahora en octubre se despliega en parroquias y colegios. Culminará con la tercera etapa en que se propone que cada persona en Chile done un día de su sueldo al Papa. Esto no es así porque la misma Comisión señaló que de haber excedentes se donarán a instituciones sin fines de lucro de la misma Iglesia en Chile. Javier Peralta, director ejecutivo de dicha Comisión dijo al periódico oficial para motivar a la gente a donar un día de sueldo: “Esta no es una petición que vamos a hacer todos los meses, sino una vez cada 30 años” (sic). ¡Menos mal!


            ¿Cuáles las reacciones de esta campaña?

En las redes sociales y en programas de radio con interacción del público, de sectores medios y populares, a lo largo de todo Chile, se ha generado un rechazo contundente a Francisco, pues los costos anunciados para su visita son considerados un escándalo, por mucho que el mismo Peralta señale que “esta visita es bastante austera” y la Comisión se empeñe en comparar los gastos en Chile con los tenidos en visitas papales a otros países.

             Pero las críticas crecen con efecto boomerang.

 El problema se acrecienta porque la opinión pública ha sido informada del cuantioso patrimonio que maneja la Iglesia católica chilena y sobre todo el Arzobispado de Santiago. Acciones en grandes empresas, propiedades y donaciones suman más de 10 mil millones de pesos al año, sin considerar otros obispados, la Conferencia Episcopal y Caritas Chile.

Lo más trágico de todo esto es que las inversiones no guardan relación con la ética. La gente también sabe por información de la Superintendencia de Valores y Seguros, que la Iglesia tiene acciones en empresas que abusan de los consumidores o que han corrompido la política chilena, distanciándose del magisterio social de la misma Iglesia.

 Por ello, quienes estaban preocupados de que la derecha, guiada por el Opus Dei como ha ocurrido hasta ahora, sería más fina y disputaría la interpretación del mensaje del Papa mediante el uso del duopolio comunicacional, la nota blanda carente de contenido social, y la post verdad con estilo para impedir que Francisco sintonice con los movimientos sociales de Chile… se equivocaron. Era suficiente una intervención más elemental y simple pero dirigida al hueso: pedir a los chilenos y chilenas plata para el papa en un contexto donde la iglesia es percibida por la gente como encubridora de curas pedófilos mediante poderosas redes cómplices. Por tanto, el clima y el rechazo creado a Francisco son óptimos porque de este modo si el Papa se le ocurre poner énfasis en temas sociales carezca de la fuerza moral que ha logrado, por ejemplo, en Bolivia con los movimientos populares.

 Aquí radica el porqué el obispo Juan Barros sigue tan firme en Osorno. Él representa simbólicamente el paradigma de lo no querido, de lo rechazado, del no oído, el que nada tiene que decir, el que avergüenza. Barros es funcional a esta estrategia que busca el desprestigio del papa para que su mensaje social sea desoído y se alinea con quienes a nivel internacional buscan su deslegitimación y, finalmente, su caída.

             Pero ¡está bien!

Comprendemos que la inexperiencia muchas veces lleva a cometer errores y que de los errores siempre aprendemos. Pero otro tema son las capacidades y los talentos. Lo ocurrido recientemente en Temuco puede tener también nefastas consecuencias hasta para el gobierno si no afina la puntería y deja de lado su ingenuidad.

El Mercurio que para estos efectos está funcionando como diario oficial de la visita papal, señaló hace unos días que la Fuerza Aérea de Chile había oficiado a la Subsecretaría del Interior para hacer ver los problemas jurisdiccionales con la base aérea del aeropuerto de Maquehua. El lugar donde la Comisión Nacional eligió para la misa del Papa es “recinto militar” y hasta ahora nada se ha podido hacer respecto de los preparativos logísticos como la construcción del altar. Además, se trata de un territorio sujeto a legislación especial, bajo autoridad militar y no civil, y los 700 metros de pista que ocupará la feligresía durante la misa, deberá ser devuelto con todos los estándares internacionales de aeronáutica dijo el comandante en jefe de la FACH. ¡Problemón!

¿Qué sucederá, entonces, si los feligreses del sur se manifiestan en contra del obispo Barros en ese “recinto militar” y son detenidos los laicos? ¿o si las comunidades mapuche en su afán de hacerse oír son acusadas de desórdenes y acciones terroristas y en consecuencia detenidos sus líderes? ¿Qué justicia deberá proceder? ¿La Justicia Militar? No digan que no lo advertimos. Por de pronto, la iglesia de Temuco hace grandes esfuerzos por dar solución y lograr cambios jurisdiccionales a fin de facilitar la misa con el Papa pero tomando distancia de la Comisión Nacional para evitar más metidas de pata.

 Quizás la Presidenta Michelle Bachelet, que viajará próximamente a Roma, converse de estos inquietantes hechos con Francisco y le transmita cómo el Opus Dei mantiene un control financiero y comunicacional para contener su discurso social. Y que no olvide que ya, en 1891, los sectores conservadores del Chile de entonces, con la complicidad de la jerarquía eclesiástica, mantuvieron escondidos, durante años en la aduana de Valparaíso, miles de ejemplares de la encíclica Rerum Navarum de León XIII, que hizo tomar posición a la Iglesia frente a los problemas sociales del mundo y defender a los trabajadores.

 
Si el Papa fuera bien informado, debería al menos decirle al Opus: “no me ayude compadre”.

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 * El autor es experto en asuntos sociopolíticos y eclesiales. Trabajó en la Comisión Prensa de la Visita del Papa Juan Pablo II a Chile en 1987, y fue asesor de la Conferencia Episcopal en los años 1996-2005. Actualmente trabaja en el Centro Ecuménico Diego de Medellín.