Por María Cristina Prudant

El gobierno de Piñera retiró el proyecto de ley enviado por la ex Presidenta Michelle Bachelet que buscaba compensar económicamente por una vez a víctimas de la dictadura con un bono de aproximadamente tres millones de pesos y que se entregaría en tres cuotas.

El gobierno argumentó que no hay platas para entregar este bono a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 La decisión de Piñera causó desazón en la oposición que impulsó la interpelación contra el ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), cuya interpeladora fue la diputada Carmen Hertz (PC), quien tuvo a su cargo las preguntas que debía responder el ministro que, obviamente nunca respondió claramente, y reiteró el tema de la falta de recursos para cumplir con este proyecto de reparación.

 Durante la interpelación que se desarrolló este miércoles varios diputados entregaron su opinión, como Tucapel Jiménez del PPD, quien calificó como "vergonzoso" el retiro del proyecto, pues la iniciativa alcanzó a ser analizada por los legisladores. Además, exhibió también el informe que, dijo, da cuenta de que existen los recursos para financiar la iniciativa. “Es cosa de ir a la Dirección de Presupuestos y ver los papeles”.

Por su lado la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos Lorena Díaz, dijo al término de la interpelación que “a nosotros nos parece que estamos frente a un gobierno que en esta interpelación ha demostrado su real compromiso con las violaciones a los derechos humanos y la profundización de la impunidad y que al ser requerido en la necesidad de avanzar en verdad y justicia nunca responde con la certeza que lo debe hacer un gobierno que sí tiene la voluntad política de terminar con la impunidad”.

Falta de dinero: argumento que no convence

Para el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucotto, sobre el tema señaló  que “la argumentación de que no hay recursos no convence a nadie porque existen recursos destinados a otras cosas que no tienen la importancia de la reparación. Lo que quedó claro hoy en la interpelación es la importancia de la reparación y eso me parece a mí básico, es decir, no se discute que las personas que fueron violentadas en sus derechos fundamentales tienen que ser reparadas y eso es una opinión transversal”.

“Todos los sectores están de acuerdo incluso el propio ministro (de Justicia). Ahora, el tema del retiro del proyecto creo que es una excusa que no se puede aceptar de buenas a primera porque si existe  la necesidad de reparar hay que hacerlo simplemente, destinar menos recursos en otros gastos que aparecen superfluos al lado de lo que es el tema de la reparación·, dijo el abogado.

“De acuerdo a la interpelación se mostró allí que había un proyecto de financiamiento y sobre eso no hubo mayor pronunciamiento. Creo que lo destacable de la interpelación es que todos estamos de acuerdo con la reparación, no hay quien lo discuta, ni la posibilidad de discursos fuera de marco como el del diputado Urrutia (quien calificó a los detenidos desaparecidos y presos políticos como terroristas). Eso creo que es lo más valioso de toda la interpelación”, concluyó el profesional.

Una mirada económica a las reparaciones 

El diputado Mario Venegas (DC), que intervino durante la interpelación, señaló a nuestro medio que “creo que había dos miradas una de la diputada Hertz que partía desde el dolor, desde el horror de todo lo que significó para las personas que vivieron la violación de los derechos humanos y la mirada del ministro que estaba más centrada en el tema de las platas. Es decir, si había recursos o no como el gran argumento para explicar el por qué se había retirado el proyecto”.

Añadió que “obviamente era difícil un encuentro si el gobierno, la persona del  ministro persistía en esa mirada como una cuestión estrictamente presupuestaria. Nosotros nos planteamos desde la perspectiva de un acto de justicia, reparatorio, que además es una obligación y un deber a partir de las convenciones internacionales y tratados que el propio Estado chileno ha firmado y reconocido”.

“Entonces, además en el sentido que no es una cantidad de dinero tan extraordinaria, porque yo les recordé que estamos hablando del orden de 90 mil millones en un período de tres años; las reparaciones eran tres millones, pero parcelados en tres años. Para una cantidad cercana a los 27 mil personas y unos cinco mil y viudas y sobrevivientes de víctimas", dijo el parlamentario.

En tanto el diputado Jaime Naranjo (PS) sobre el tema puntualizó que “considero que lo que hubo hoy fue una confrontación entre dos visiones de cómo abordar el tema de los derechos humanos y las graves violaciones a estos que hubo en el país en el pasado. Por un lado la visión del ministro que era claramente cosmetológica, es decir, una operación de cambiarse absolutamente de caballo y mostrar una alta sensibilidad por un tema donde ese sector nunca lo había tenido. Por consiguiente fue una operación cosmetológica muy bien montada”.

En la misma línea precisó que “por el otro lado una visión economicista de cómo se resuelvan los problemas de reparación. Es decir si hay plata lo hacemos si no hay no lo hacemos”.

“Por otro lado quienes tenemos una opinión totalmente distinta, que fuimos los perjudicados, perseguidos por la cultura de la muerte que impuso Augusto Pinochet y por tanto, nosotros consideramos que es fundamental para la reconciliación, la paz social del país la reparación, no solo en términos de justicia, de verdad sino que también en términos de reconocimiento de los daños que hubo y la reparación económica de las víctimas”, planteó.  

Larraín versus Hertz: dos historias muy distintas        

Hernán Larraín, para su pesar, arrastra un pasado que no lo dignifica porque se sabe de sus contactos con Colonia Dignidad donde se realizaban torturas a detenidos por la dictadura. Conocedores de los hechos explican que es aquí donde se desarrollaron con mayor frecuencia los actos de pedofilia por parte del jefe de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, quien, hasta antes de instalarse en Chile, ya presentaba cargos en su país natal, Alemania.

En este marco, Larraín, en 1994, fundó el Grupo de Amigos de Colonia Dignidad para defender a la “Colonia” por el hostigamiento -en sus palabras- por parte del gobierno del, en ese entonces, presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ante los procedimientos de “supuestos casos de Derechos Humanos que no están formalizados”.

“Con centenares de efectivos de Investigaciones, con decenas de automóviles con metralletas, con violencia innecesaria, eso obviamente forma parte de un montaje, de una campaña. No se hace. El país tiene problemas de seguridad gigantescos en muchas partes, pero no, aquí operativos desde Santiago, desde la Séptima, Octava Región, prefecturas de investigaciones. Una cosa realmente inédita se destina arteramente en contra de esto. ¿Alguien me quiere decir que es porque hay una denuncia de un menor en contra de un abuso de una persona determinada?”, afirmaba en ese tiempo el ex presidente de la UDI.

Sin embargo, en 2005, cuando detuvieron a Schäfer, manifestó su alegría ya que “él ha sido acusado de delitos gravísimos y nadie puede rehuir la acción de la justicia en materias tan delicadas como estas, menos tratándose de supuestos abusos a menores”, señaló en 2007.

Sin embargo, su defensa a este enclave alemán que era cómplice de la dictadura quedó grabado para siempre en video, el cual no ha podido borrar y aún circula por el ciberespacio. O sea, La prueba indesmentible de su acción.  

Pese a todo, el ministro Larraín aseguró que el proyecto de reparación se retiró por causas económicas. "Resulta lamentable tener que retirar un proyecto que daba un paso más, pero las circunstancias económicas nos ha obligado a hacerlo. No podemos hacerlo todo, debemos ir avanzando en todos los frentes paso a paso. Reitero que el retiro de este proyecto no significa que no continuaremos con los esfuerzos de reparación que sean posibles".

Pero Larraín no ha termina de manifestar sus pensamientos. Uno de los últimos que expresó fue que “todos los jueces son de izquierda”.  

En tanto, en la misma sesión de la Cámara Baja, los parlamentarios aprobaron por 74 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones solicitar la reposición del proyecto de ley que "comprenda un aumento significativo del monto reparativo anual”.

En tanto, Carmen Hertz Cádiz es una política comunista y abogada chilena, que participó en diversas instituciones de protección de los derechos humanos surgidas a raíz de las sistemáticas violaciones a estos.Participó en la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y el Programa de DDHH del Ministerio del Interior, antes de ser directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores una vez logrado el retorno a la democracia.

Su primer marido, René Valenzuela —músico, chelista de la Orquesta Sinfónica— era del MIR. Hertz, después del triunfo de Salvador Allende, en cuya campaña electoral había trabajado, decidió ingresar en el Partido Comunista a fines de 1970; por esa misma época, se separó de Valenzuela.

Cuando su amigo Carlos Berger, con quien había mantenido una nutrida correspondencia, regresó a Chile en 1971 —abogado y periodista comunista que había ido a seguir unos cursos de un año a Moscú—, se emparejaron de inmediato. A Berger le encargaron crear la primera revista juvenil de izquierda, llamada Ramona; luego, cuando Orlando Millas fue nombrado ministro de Hacienda, pasó a ser su secretario de prensa (junio de 1972). En noviembre nació Germán Berger Hertz, quien ya adulto filmaría en 2009 el documental Mi vida con Carlos, sobre su padre asesinado impúnemente en la llamada Caravana de la Muerte. En tanto, Carmen Hertz escribió y publicó en 2017 sus memorias “La historia fue otra”.