Luego de dos intensas jornadas,  se llevó a cabo la audiencia de formalización de Camila Polizzi, en la foto y los cuatro imputados por el Caso Lencería, los hermanos Sebastián y Diego Polanco; el exadministrador regional del Gore Bío Bío, Rodrigo Martínez; y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña.

En virtud de la investigación, el juez Lohan León decretó arresto domiciliario total y arraigo para los cinco involucrados.

Por su parte, la fiscal regional, Marcela Cartagena, apeló verbalmente a la medida y llevará la causa a la Corte de Concepción, sólo por Polizzi y los hermanos Polanco.

Esto, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en el traspaso de fondos por parte del Gobierno Regional del Biobío a la Fundación En Ti.

De acuerdo a la indagatoria, Polizzi y su expareja Sebastián Polanco se apropiaron de esa entidad para obtener vía asignación directa recursos por $250 millones desde la repartición regional y terminaron simulando la ejecución de los proyectos asociados a los contratos. La pareja habría ofrecido a Gerardo Silva, presidente de En Ti, el pago de $10 millones por el “arriendo” de la ONG -que contaba con varios años de experiencia- para poder postular a los convenios con el Gore. Así accedieron a los fondos para un proyecto de mejoramiento barrial de la zona norte de Concepción. Al justificar los gastos de las transferencias se presentaron boletas por compras de ropa interior, prendas de prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery. Por ello, la investigación comenzó a ser conocida como el caso Lencería.

El Ministerio Público imputa a Polizzi y a los hermanos Sebastián y Diego Polanco los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. En tanto, el exadministrador del Gore del Biobío, Rodrigo Martínez Fernández, y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de esa repartición, Simón Acuña Medina, son acusados por los mismos delitos, además de fraude al fisco.

Luego de 16 horas de audiencia de formalización, el juez Iohan León Espinoza argumentó para dictar su resolución que aquí se trata de cautelar el uso de los recursos públicos, pero también desestimó algunas tesis jurídicas que fueron presentadas por los querellantes, como el delito de estafa y el lavado de activos.