En una de sus decisiones finales, y en el último día hábil antes del fin de su período como ministra en visita extraordinaria en la Corte Marcial -que finalizó este viernes-, la juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Romy Rutherford dictó una nueva resolución en el caso por el fraude en el Ejército: amplió el procesamiento por malversación de caudales públicos en contra del ex comandante en jefe Juan Emilio Cheyre.
Aquello, en la arista de gastos reservados por el uso de $2.400 millones, que al día de hoy equivalen a $5.104.903.756, entre 2002 y 2006. La ampliación del procesamiento también se refiere al delito reiterado de falsedad de documento público, por declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, entre 2003 y 2005.
En 2022, el general en retiro ya había sido formalizado por la malversación de cerca de $130 millones destinados a labores de inteligencia. Este lunes se decidirá si el militar queda en prisión preventiva.
El proceso legal que rodea a Juan Emilio Cheyre en esta ocasión se enmarca en la causa conocida como “Fraude en el ejército”. La ministra Romy Rutherford, quien ha estado al frente de las investigaciones, anunció su retiro de esta causa el pasado lunes.
Ahora, el destino de Cheyre queda en manos del magistrado que asuma la investigación a partir de este momento. Este juez deberá determinar si se ordena o no su prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso legal.
Cabe mencionar que este no es el único frente judicial en el que Juan Emilio Cheyre se encuentra actualmente. En noviembre de 2018, fue condenado a 3 años y 1 día de libertad vigilada por su participación en el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el conocido “Caso Caravana de la Muerte”. Hecho ocurrido en 1973 durante la dictadura cívico-militar liderada por el general Augusto Pinochet.
Además de la condena, se le impuso la prohibición de postular o ejercer cargos de representación pública. Y esta sentencia fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en octubre de 2022.
