La Corte Suprema declaró procedente solicitar a Israel la extradición activa de Ivonne de las Mercedes Gutiérrez Pavez, también conocida como Ivonne Bronfman. La exjueza vive hace más de 20 años en Israel.

Gutiérrez es exjueza en Chile y fue procesada como autora de los delitos de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa, los que habrían ocurrido entre 1982 y 1983.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal estableció que en la especie se cumplen los requisitos para solicitar la extradición de Gutiérrez Pavez, estipulados en el Convenio Europeo de Extradición, al que adhieren tanto Chile como Israel.

Dicho fallo sostiene que “conforme se desprende del mérito de los antecedentes, la requerida Gutiérrez Pavez ha sido procesada y se le requiere para ser juzgada en Chile como autora de los delitos de asociación ilícita, tipificado en el artículo 292 y sancionado en el artículo 293 inciso primero del Código Penal; sustracción de los infantes de nombre Alex y Andrea, ilícito tipificado y sancionado en el 142 del Código Penal y prevaricación dolosa, del artículo 224 del Código citado, todas normas citadas, vigentes a la época de los hechos”.

“Para que proceda la extradición de una persona que se encuentra en territorio de otro Estado, es menester que se trate de hechos que hayan sido cometidos en la jurisdicción del país requirente, que las leyes de la Parte requirente y de la Parte requerida castiguen, bien con pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de un año por lo menos, bien con pena más severa y que no se trate de hechos que puedan ser calificados como delitos políticos, militares o delitos fiscales”, se agregó.

Por todo lo anterior, se declaró que “es procedente solicitar al Estado de Israel, la extradición de la ciudadana Ivonne Gutiérrez Pavez, de nacionalidad chilena, como autora de los delitos de asociación ilícita para cometer delitos contemplados en el artículo 292 en relación con el artículo 293 inciso primero del Código Penal; sustracción de menores, ilícito tipificado y sancionado en el 142 del Código Penal y prevaricación dolosa, del artículo 224 del Código citado, todas normas citadas, vigentes a la época de los hechos y por los que ha sido procesada criminalmente”.

“Para el cumplimiento de lo resuelto, diríjase oficio al señor ministro de Relaciones Exteriores a fin de que se sirva ordenar se practiquen las diligencias diplomáticas que sean necesarias a dicho fin”, se remató.

Robaban bebés a familias vulnerables y los "vendían" al extranjero

La magistrada ha sido procesada, 42 años después de esos hechos, el 2 de junio, por el juez Alejandro Aguilar por la sustracción de dos menores entre 1982 y 1983, Alex y Andrea, entregados a matrimonios extranjeros, aunque la niña, entonces de dos años, logró ser recuperada por su madre, a gritos, días después de que se la arrebataran. Alex, en cambio, fue entregado a una nueva familia, cuando tenía un año y dos meses, y viajó a Estados Unidos. Se trata de adopciones irregulares ocurridas mientras Gutiérrez estuvo a cargo del tribunal de menores de San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros de Santiago.

Según la resolución, de primera instancia, Ivonne Gutiérrez actuó junto a otras cuatro personas de su confianza, que no eran funcionarios judiciales, además de dos abogados, ya fallecidos, y sacerdotes de la Iglesia Católica. Fue procesada asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Aguilar ha señalado que los matrimonios, de Estados Unidos e Italia, lograron adoptar previo pago de dineros que “podrían llegar hasta los 50.000 dólares”.

El procesamiento ha marcado un hito judicial: es el primero que dicta la justicia chilena desde que hace ocho años, cuando en Chile se abrió la investigación por el robo de bebés y adopciones irregulares a parejas extranjeras, de Europa y Estados Unidos, ocurridas entre 1970 y 1990. Actualmente, hay 1.328 causas judicializadas, y 595, entre ellas la de Alex y Andrea, en tramitación. En San Fernando se estima que hay unos 50 casos y en Temuco, en el sur chileno, Aguilar ha viajado esta semana: indaga causas similares.

Los robos de bebés en Chile han sido investigados por tres jueces desde 2017. El primero fue Mario Carroza, hoy ministro de la Corte Suprema, quien calculó que los niños adoptados que salieron al extranjero, entre 1970 y 1990, podrían llegar a los 20.000. Luego estuvo por cinco años Jaime Balmaceda, hasta que en 2024 fue nombrado Alejandro Aguilar, el primero que dictó procesamientos: en su resolución dijo que eran delitos de lesa humanidad y, por tanto, que no prescriben.