El 4° Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella que a mediados de la semana pasada presentó el ministerio del Interior por las amenazas que afectaron a la jueza Andrea Acevedo.
La magistrada fue quien debió resolver las medidas cautelares por la muerte de un hincha de Colo Colo, y por la cual se formalizó por cuasidelito de homicidio a un efectivo de Carabineros. Y mientras la fiscalía Oriente había solicitado arresto domiciliario, la magistrada decretó arraigo nacional y firma mensual.
Ello, sin antes entregar en audiencia argumentos que fueron criticados desde distintos sectores, además de amenazas de muerte a través de redes sociales, razón por la que la jueza cuenta hoy con protección policial.
"Estamos en presencia de un hecho que ocurre finalizado un encuentro deportivo con dos equipos que tienen, uno de ellos, por desgracia, una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo, que tiene esta famosa Garra Blanca de por medio, que sus hinchas o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general", señaló Acevedo en dicha oportunidad.
Ante el caso, la cartera encabezada por el ministro Gonzalo Blumel ingresó una querella criminal "en contra de todos quienes resulten responsables del delito de amenaza a miembro de un tribunal de justicia", pidiendo al tribunal declarar la acción admisible y remitirla al Ministerio Público para los fines pertinentes de la investigación "a fin de que se aplique el máximo rigor que contempla la ley penal en la materia".
Sin embargo, la jueza (s) Mariana Leyton la declaró inadmisible, argumentando que "a juicio de este tribunal el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública carece de legitimación activa para deducir querella".
Pese a ello, la magistrada dispuso remitir los escritos presentados por Interior a la fiscalía Oriente "con el fin de que se dé curso a una investigación criminal considerando lo obrado, como una denuncia".
Sobre el tema se le consultó al ministro Blumel, y específicamente el por qué el Gobierno presentó una querella en el caso de Acevedo, y no en el de los jueces Daniel Urrutia y Karen Atala, quienes también han sido blanco de amenazas.
"Se ha hecho en distintas situaciones y obviamente esto tiene que compatibilizarse con la gravedad de cada caso. Sin perjuicio de eso, no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal y vamos a apelar", zanjó.
Sobre el caso se refirió nuevamente la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien lamentó que un magistrado sea objeto de amenazas por lo resuelto en audiencias.
"Es lamentable que se recurra a este tipo de actos de empedramiento o de hostigamiento contra los jueces, motivados por ciertas resoluciones jurisdiccionales, porque la manera de impugnar aquellas resoluciones a través de los recursos ordinarios, y eventualmente extraordinarios, que contempla la legislación nacional", indicó la suprema.
Y agregó: "En cada caso concreto deberá la autoridad policial disponer las medidas adecuadas para resguardar la integridad física y psíquica de los afectados".
Por los dichos de Acevedo también se han presentado quejas disciplinarias, en busca de una sanción a la magistrada. Uno de ellos fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el senador Alejandro Navarro, el que terminó siendo declarado inadmisible. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó otro ante la Suprema, el cual debería analizarse el próximo lunes.