El Primer Juzgado de Garantía de Santiago se declaró competente para ver y resolver la causa en contra de quienes resulten responsable de cuasidelito de homicidio en el accidente del avión CASA 212 que se precipitó al mar en el archipiélago Juan Fernández, el 2 de septiembre de 2011.

Así, el tribunal acogió la solicitud de dos de los querellantes que aseguraron que al haber víctimas civiles involucradas la causa no podía ser vista por la justicia militar.

En la resolución, el magistrado Fernando Guzmán remitió al Ministerio Público los antecedentes aportados por los denunciantes y querellantes y solicitó la inhibición de la justicia militar para continuar la tramitación del caso.

Tras despejar obstáculo procesal detectado al momento de las presentaciones, el tribunal resolvió las respectivas peticiones formuladas por los intervinientes.

De este modo, con relación al escrito presentado por el abogado Cristián Arias en representación del viudo de la pasajera Galia Carolina Díaz Riffo, el tribunal acogió la denuncia por cuasidelito de homicidio, "por hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2011, en vuelo CASA 212 que despegó en el Aeropuerto AMB en la comuna de Pudahuel y se precipitó al mar en el archipiélago de Juan Fernández, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 173 y 174 del Código Procesal Penal".

Asimismo, el magistrado Guzmán declaró admisible la querella interpuesta por los familiares de la piloto de la aeronave siniestrada Carolina Fernández Quinteros, y del tripulante Eduardo Estrada Muñoz, ordenado "su envío, junto con los documentos acompañados, al Ministerio Público para su tramitación".

Ahora deberá existir un pronunciamiento del ministro en visita, Hernán Crisosto, quien si decide mantener la competencia podría provocar que el futuro del caso sea determinado por la Corte Suprema.

El abogado querellante, Maximiliano Delgado, dijo que la justicia militar no da garantías de imparcialidad para los familiares de las víctimas.

"Ha habido una investigación instruida por un ministro instructor civil, el órgano superior de ellos es la Corte Marcial, un tribunal militar integrado por militares y en esa instancia no hay ningún grado de imparcialidad, es imposible asegurar lo contrario", afirmó Delgado.

"El sistema de justicia ordinario da mayores garantías, pero insisto, no solo para las víctimas o para las personas afectadas, sino que para las propias personas que eventualmente puedan ser inculpadas o formalizadas, es para las dos partes un sistema que da muchas más garantías que una justicia militar", añadió.

El caso por la caída del avión CASA 212 fue reabierto y se mantiene sin procesados.

En caso de que la causa pase a la justicia civil, el fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, deberá definir el futuro de la indagatoria.