Con el grado de endeudamiento con que nos heredará el actual gobierno a la oposición el país, es claro que el Estado debe reestructurarse con urgencia en su gobernanza. El desafío no admite ambigüedades: austeridad fiscal como política transversal. Esto implica decisiones difíciles, pero inevitables: recortes presupuestarios, restricciones de viajes oficiales, reducción de remuneraciones en la alta administración pública, eliminación de funciones duplicadas, política de expansión cero en la masa laboral del Estado, reducción de ministerios y servicios, e incluso la obligación de transformar parte de nuestra infraestructura institucional hacia modelos más eficientes, por ejemplo, reemplazando proyectos de hospitales físicos por buques hospitales, y convirtiendo cárceles en unidades productivas.
Como lo anterior no basta, es fundamental modernizar con extrema urgencia el aparato estatal, y para ello su digitalización es fundamental, la capacitación y transferencia de nuevas competencias y capacidades a nuestros funcionarios públicos estratégica, y el reordenamiento de los procesos administrativos y la mejora continua una necesidad impostergable.
Pero como la crisis de sostenibilidad económica es mayúscula y no queremos pasar por lo que están pasando los tradicionales estados de bienestar de Europa, que se aprontan o ya implementan recortes y eliminación de programas y subsidios que hace menos de una década eran impensados de tocar, debemos acelerar y diversificar las concesiones, lo que implica abrirnos a más iniciativa privada, mejorando puntajes por buenas ideas y proyectos, aumentando los plazos de las mismas y agilizando las revisiones y controles de sus etapas, de manera que den a luz con prontitud y no que sean sueños para el gobierno que sigue. Un fast track en concesiones se torna urgente, de paso generando miles de nuevos empleos que tanta falta hacen en la economía.
El salto a una visión de apalancamiento de capitales desde el Estado debe ser la consigna en cada área del sector público, y no sólo en el de las empresas del estado que, de paso, deberán abrirse a la incorporación de capitales privados si queremos hacerlas eficientes y de mayor control y menor gasto. Involucrar a los ciudadanos en la participación accionaria y control de las empresas del estado es perfectamente posible con una política de capital y acciones diversificada, estratégica e innovadora.
Todo chileno debería poder ser dueño de acciones de empresas públicas capitalizables para su jubilación futura, aportando capital a pequeña escala con retorno previsional exclusivo. Acciones “A” para el 50% de las acciones de control por el Estado de nuestras empresas; Acciones “B” para el 35 a 40% de las acciones a privatizar a cambio de capital y control de la operación directa; y acciones “C” en modo previsional y aporte de capital a pequeña escala con participación en juntas y representación en el directorio.
El pago de la deuda pública ya presiona con fuerza las arcas fiscales. Según las proyecciones oficiales, el próximo gobierno enfrentará costos por intereses cercanos a US$ 20 mil millones en el período. Solo este año el sobrecosto alcanzará US$ 4.415 millones, cifra que equivale a casi toda la recaudación adicional esperada por la llamada “ley antievasión”. Es decir, los frutos de una reforma compleja y políticamente costosa se esfumarán en el mero pago de intereses de deuda.
Una de las métricas más seguidas por los especialistas —el servicio de la deuda del Gobierno Central— muestra una evolución alarmante. La pendiente ascendente de los últimos años se ha convertido en una verdadera “mochila fiscal” que heredaremos al siguiente gobierno. Y lo más grave: cada peso destinado al pago de intereses es un peso menos para la educación, la salud, la vivienda o la seguridad.
Especialistas advierten que este mayor gasto por deuda resta espacio para cualquier otra prioridad de política pública. Si no somos capaces de reducir en cuatro años esta carga, estaremos condenando a generaciones enteras a pagar por la irresponsabilidad de hoy.
Chile no puede seguir entregando casas a 10 UF de aporte o un poco mas. Debe hacerlo con mayor ahorro y pago contingente a ingresos por el período de la prohibición de venta, restituyendo la facultad del SERVIU para quitar las casas fantasmas y reasignarlas con urgencia a las mujeres jefas de hogar o violentadas.
Chile tiene la oportunidad —y la obligación— de corregir el rumbo. La austeridad no debe ser entendida como castigo, sino como disciplina para recuperar la confianza, sanear las cuentas y garantizar un desarrollo sostenible. El desafío de la próxima administración será recuperar el Estado como un actor eficiente, no sobredimensionado; como garante de estabilidad, no como generador de ineficiencias.
Porque más allá de las cifras, lo que está en juego es la libertad de las próximas generaciones de gobernar sin la soga al cuello de una deuda creciente.
