En medio de las discusiones legislativas sobre la necesaria mejora del sistema previsional chileno, el proyecto de ley del Gobierno del Presidente Boric, recientemente aprobado y objeto de un requerimiento por 38 diputados ante el Tribunal Constitucional, lejos de ampliar derechos, reduce la autonomía y libertad de 12 millones de afiliados, afectando gravemente garantías constitucionales fundamentales. 

Esta reforma, que, entre otras cosas, propone: 1) el término de los cinco multifondos en favor de, al menos, diez fondos generacionales sin derecho a elección y cambio, verdadero corralito a la chilena; 2) la eliminación de ciertos parámetros de inversión, con aumento del sesgo a los bonos del Estado, la deuda pública y la salida de capitales al exterior; 3) la supresión del encaje como garantía de buena inversión de nuestros ahorros, liberando para las AFP 1.800 millones de dólares; o 4) la creación de un préstamo forzoso al Estado con cargo a las cotizaciones, representa, en la práctica, una contrarreforma de eliminación de Derechos y Libertades para los trabajares y cotizantes del sistema de pensiones.

En efecto, al eliminar la facultad de elección y control sobre el destino de nuestros ahorros, suprimir normas básicas de garantía, desvirtuando jurídicamente la comisión del afiliado en cuanto contraprestación por un servicio contratado, y pasar al Estado parte de nuestro ahorro vía “préstamo”, se vulnera abiertamente el derecho de propiedad, la seguridad jurídica y el derecho a la seguridad social consagrados en nuestra Constitución.

 Eliminación de la libertad de elección.

 Uno de los pilares del actual sistema de pensiones ha sido la posibilidad de que cada afiliado decida personalmente cómo y dónde invertir sus ahorros previsionales, adaptando su perfil de riesgo a sus necesidades y expectativas de futuro. Con la eliminación de los multifondos y la imposición de nuevos regímenes de inversión a través de los fondos generacionales, se elimina unilateralmente la libertad de cambiar de fondo, contradiciendo con ello el sostén básico del sistema al transformarlo en un verdadero corralito a la chilena. Esta medida implica que los afiliados, en lugar de contar con un amplio abanico de opciones de inversión y riesgo, vean coartada su capacidad para gestionar sus propios ahorros, lo que equivale a una pérdida de autonomía en una materia de alta relevancia personal y social, corralito que se agrava ante la negativa del gobierno de poder crear, al menos respecto de los pensionados y próximos a pensionarse, un fondo de renta fija de corto plazo y sin riesgo de pérdida de los ahorros construidos tras décadas de trabajo y esfuerzo. 

Violación de garantías constitucionales

La modificación de contratos vigentes sin el consentimiento explícito de las partes constituye, a nuestro juicio, una vulneración directa a la seguridad jurídica, al derecho a la seguridad social y al derecho de propiedad sobre nuestros ahorros. Los fondos de pensiones, concebidos como un patrimonio inalienable de cada individuo, están protegidos por garantías constitucionales que buscan asegurar la estabilidad y la confianza en el sistema. Alterar estos contratos de manera unilateral no sólo contraviene estos principios, sino que, también, se enmarca en un ejercicio desproporcionado de la potestad legislativa, que actúa más allá de los límites constitucionales.

Implicaciones económicas y riesgos adicionales

El proyecto de ley no se limita a la cuestión contractual, sino que propone, además, cambios estructurales en la forma en que se invertirán los fondos. Al eliminar los límites de inversión de los multifondos, se obliga a que una parte significativa del ahorro se destine a instrumentos específicos, como los bonos del Estado y, en mayor proporción, a inversiones en el extranjero. Estas medidas, además de incrementar el riesgo inherente a las carteras de inversión, pueden acarrear consecuencias macroeconómicas, tales como la depreciación del tipo de cambio y un aumento en la carga de la deuda pública, ya por todos reconocida como excesiva y peligrosamente alta. Así, lo que en apariencia podría ser una reforma para mejorar la rentabilidad del sistema, en realidad expone a los afiliados y al país a mayores riesgos económicos e in certezas.

Un retroceso en materia de derechos fundamentales

 El debate en torno a esta reforma se intensifica al evidenciarse que lo que se presenta como una solución para mejorar el sistema previsional, en realidad, se configura como una contrarreforma que menoscaba derechos fundamentales. La libertad de decisión sobre el destino de inversión de los fondos de pensiones es una manifestación del derecho a la propiedad y de la autonomía individual, principios básicos que han sido siempre protegidos en el marco constitucional. La imposición de cambios sin el consentimiento de los afectados implica una erosión de estos derechos, lo cual resulta inaceptable desde la perspectiva de un Estado de derecho.

Conclusión

El proyecto de ley que busca modificar el sistema de pensiones en Chile pone en tela de juicio la libertad y la seguridad jurídica de los afiliados. Al restringir la facultad de elección y alterar contratos previamente establecidos, se configura una contrarreforma que atenta contra el derecho a la propiedad y la autonomía individual. Si bien es innegable la necesidad de mejorar el sistema previsional, cualquier reforma debe realizarse en estricto apego a los principios constitucionales y con el consentimiento expreso de los ciudadanos, quienes son los legítimos titulares de sus ahorros, máxime después de la experiencia y claros pronunciamientos de la ciudadanía al respecto en los dos fallidos procesos constitucionales. Sólo así se podrá garantizar un equilibrio entre el interés público y la protección de derechos fundamentales, evitando que la búsqueda de eficiencia económica se convierta en una amenaza a la libertad individual. 

Por lo dicho, las leyes que faltan a partir de este proyecto, los variados reglamentos y normas generales que deberán dictarse, y el reciente e inesperado requerimiento de 38 Diputados al Tribunal Constitucional, ello al borde del plazo legal y sorteando todo tipo de presiones del Gobierno y de parte de la oposición, lamentablemente Chile no puede decir aún que este tema se ha zanjado, ni mucho menos que se ha cerrado en debida forma, faltando mucho que decir y ver al respecto.