La discusión sobre el futuro del penal de Punta Peuco y las condiciones de los violadores de derechos humanos de la dictadura militar fue analizado por el ministro de Defensa, Fernando Barros. 

A raíz de las recientes declaraciones del Presidente Kast -quien manifestó su intención de reordenar el sistema penal argumentando que "no corresponde" la mezcla de reos de distinta naturaleza-, el secretario de Estado, que como abogado integró el equipo jurídico para defender a Augusto Pinochet durante su detención en Londres, se alineó con la postura de respetar las bases de la transición democrática y cuestionó la reclusión de reos ancianos o con deterioros cognitivos severos, señaló en radio Cooperativa.

El titular de Defensa afirmó que su cartera "no tiene que ver con el tema" de Punta Peuco y "no es parte de la problemática"; sin embargo, "en lo personal", defendió las condiciones carcelarias originales de los militares condenadose, argumentando que "es un tema de justicia, es un tema de razones humanitarias". 

"En Argentina se dijo: 'señores, solo se va a juzgar a los altos mandos, ¿okay?', y así ocurrió: todos los mandos medios e inferiores se asumió que cumplían con el deber y así se cumplió. En Chile ha sido distinto: hubo una Ley de Amnistía que en definitiva se pasó por sobre y se ha ido juzgando. Hoy día vemos personas que en ese momento (la dictadura) tenían 20, 25 o menos años, no tenían mando, cumplieron una labor en una patrulla, sin disparar ni nada, y hoy día están presos", cuestionó Barros. 

El ministro enfatizó que "la transición se construyó sobre ciertas bases y el respeto de ciertas cosas. Y se dijo: 'okay, van a ir a la cárcel los militares que corresponda de acuerdo con la justicia, de acuerdo a un procedimiento medio especial que no es el procedimiento al que estamos sujetos todos los chilenos, y van a ir en estas condiciones'. Y eso fue el acuerdo. Entonces, se dice que no se cumple el acuerdo y en política las cosas se tienen que cumplir, porque para que un Estado tenga credibilidad, (deben cumplirse) en las buenas y en las malas. Y no puede decir: 'yo dije que sí porque estaba medio presionado, ahora digo que no'... Se acordó algo" reiteró en radio Cooperativa. 

Según el secretario de Estado, los presos en Punta Peuco "son viejos; la gran mayoría que están ahí son unos viejos que están cayéndose a pedazos, con Alzheimer, con demencia senil... ¿Qué justicia reparatoria va a haber cuando usted tiene un viejito que está gagá? ¿Qué reparación hay? Eso ya más bien no es justicia, no es el cumplimiento del objetivo del derecho penal. ¿Eso qué es lo que es? Es venganza". 

Cuestionamientos a la tipificación y petición de arresto domiciliario

El ministro de Defensa también puso en duda la aplicación de la figura de delitos de lesa humanidad para endurecer las penas de los condenados de la época, argumentando que tal conceptualización jurídica no existía en Chile en el momento en que ocurrieron los hechos.

"Aquí se ha calificado que todo lo que ocurrió entre septiembre del '73 y el 11 de marzo del '90 son delitos de lesa humanidad, figura jurídica que en Chile no existía, por lo menos a la época en que ocurrieron los hechos. Por lo tanto, se le está dando un manto como para explicar un tratamiento más gravoso y más duro que lo que le corresponde a cualquier chileno, lo que no es justo", afirmó el titular de Defensa.

Bajo esa premisa, y ante el debate legislativo de proyectos que buscan la conmutación de penas para reos de avanzada edad, Barros defendió el principio de piedad y la necesidad de aplicar razones humanitarias, independientemente del delito cometido, sugiriendo que terminen sus condenas bajo reclusión domiciliaria.

"En muchas partes del mundo, en muchos países, una persona de 90 años no está en la cárcel. Hay edad máxima para ser juzgado. El concepto de que no está en condiciones de enfrentar un juicio es válido. (Cuando existe) una persona que no está en condiciones de entender lo que está viviendo, el carácter rehabilitador de la sentencia que está cumpliendo, el derecho penal pierde su sentido. Por lo tanto, cuando hay razones humanitarias, cualquiera que sea el delito, ellas deben prosperar, por mucho que hay una odiosidad justificada o no. El perdón es un tema muy personal", arguyó el ministro. 

"Hay gente que sufrió, perfecto. Hay gente que está condenada por la justicia en un régimen determinado, esas personas, si no están en su sano juicio, si son unos señores que tienen 90 años, no tiene nada de particular. No hay ninguna norma ni principio de piedad que inhiba de que esas personas cumplan la última parte de su sentencia, en casa", insistió.