FOTO: Carlos Insunza, presidente de la ANEF; Senadora Adriana Múñoz y el vice presidente de la CUT Nolberto Díaz

Por María Cristina Prudant  

 La ANEF, la principal representante de los trabajadores fiscales, denunció la manipulación de cifras del gobierno con funcionarios a contrata, que dio a conocer la Dirección de Presupuesto, (Dipres). Para variar usaron una nueva metodología como lo hicieron en el anterior gobierno, lo que les permitió salir triunfadores en todas las comparaciones que se les ocurrió como el desempleo, la delincuencia, pobreza, el Censo (el mejor de la historia) dejando en mal pie al gobierno anterior que casualmente también era el de Michelle Bachelet.

Un comunicado del organismo gremial informa que “ante las reacciones generadas por el ​Informe de Recursos Humanos del Sector Público, publicado esta semana por la  Dirección de Presupuesto​, en un formato metodológico distinto al del informe anual publicado hasta el año 2017, cuyas  cifras han sido difundidas por la prensa y ampliamente comentadas tanto por autoridades, como por personeros de los partidos de gobierno, el Directorio Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales - ANEF – declara que “resulta lamentable que el informe en cuestión presente la información de dotaciones de servicios y ministerios sin establecer las fuentes de información, los formatos de tratamiento y depuración de esos datos, a diferencia de anteriores publicaciones en la materia”.

El presidente de la ANEF, Carlos Insunza conversó sobre esta materia con Cambio21 y afirmó que “nosotros nos hemos visto sorprendidos por esta publicación y evidentemente más aún al darnos cuenta que tiene serias falencias metodológicas que hacen que los datos que han publicado resulten absolutamente falaces y además, que sean utilizados en el marco del Consejo de Gabinete esta semana como un impulso más a la denostación del función pública y de sus  trabajadores y trabajadoras”.

“Esto nos parece absolutamente inaceptable. Lo hemos hecho presente al ministro de Hacienda y al de Interior porque son los datos de su cartera los que generan la mayor distorsión de este informe” manifestó Insunza.

El dirigente gremial destacó que “la mayor gravedad que nosotros le asignamos a esto es que no había ocurrido nunca. Nosotros nunca habíamos presenciado, habíamos sido objeto de una situación en la que se utilizara a la Dirección de Presupuesto (Dipres) como un instrumento para atizar el debate político en una dirección particular. Esto pone en cuestión, finalmente un instrumento fundamental de la gobernabilidad financiera, fiscal de nuestro país que es la Dirección de Presupuestos que se ha ganado un justo prestigio porque más allá de las diferencias que nosotros hemos sostenido en distintos períodos con posturas , posiciones con los encargados de la Dipres, siempre los datos eran tomados como una base de referencia que más allá de ajustes que se pudieran hacer en la discusión siempre era considerada como una producción de datos legítimos de parte de todos los actores”.

Insunza afirmó que “si no hay una reacción clara, una explicación contundente y una corrección de la situación de parte del Ministerio de Hacienda, puede generar una problemática de grado mayor en todo el proceso normal tanto de legislación en el ámbito del Congreso como de negociación con el conjunto de funcionarios públicos y para que decir respecto de la información que percibía o entregaba a la ciudadanía”.

Cambios de metodología   

Una vez más la derecha cambia de metodología, sin importar las consecuencias, porque le sirve para sus propios intereses.

Para recordar vale decir que fue vergonzoso lo que pasó con la encuesta que mide la delincuencia ya que el gobierno la modificó encuesta eliminando 91 preguntas. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), logró que la derecha celebrara los datos porque los índices de delincuencia disminuyeron en relación a administraciones anteriores. El año 2011 una funcionaria de la Subsecretaría de Prevención del Delito decidió eliminar 91 preguntas de la encuesta, las que habrían sido concensuadas por policías, fiscales, universidades y centros de formación”

Luego vino la gran mentira del desempleo. El gobierno de Piñera consideró como “Pleno Empleo” hasta a personas que trabajan 2 horas a la semana. Tal como el Gobierno manipuló las cifras para medir la pobreza en la encuesta Casen, lo que generó incluso un papelón a nivel internacional. La Fundación Sol reveló cual fue la trampa del gobierno para llegar a un histórico 5,4 nivel de desempleo. El economista Marco Kremerman explicó:

 “El análisis de los datos señala que en Chile se está produciendo un fenómeno mundial, que es el subempleo, el cual corresponde a todas aquellas personas que trabajan en jornada parcial, que en Chile son menos de 30 horas e incluso pueden ser dos horas. Quieren trabajar más, están disponibles para trabajar más, pero la economía no les ofrece un trabajo por más horas.

 El experto de la Fundación Sol recordó que el Gobierno modificó la encuesta de empleo para bajar las cifras de manera artificial. Asegurando que desde entonces, los consultados responden si trabajaron al menos una hora en la semana anterior a la que son entrevistados.

 “Vale decir, una persona que hizo una clase particular de dos horas a la semana aparece como empleado en la nueva encuesta de empleo y en la antigua no aparecía si es que la mayor parte del tiempo, por ejemplo, la destinó a estudiar. Ese tipo de análisis hay que tener sobre la mesa”,

Y conocido por todos es el resultado que tuvo el mejor Censo de la historia que tuvo que hacerse de nuevo durante el gobierno pasado. Censo de Población y Vivienda realizado en 2012 omitió al menos 9% de la población y adoleció de serios problemas.

La ANEF informó que “ante las reacciones generadas por el ​Informe de Recursos Humanos del Sector Público, publicado esta semana por la  Dirección de Presupuesto​, en un formato metodológico distinto al del informe anual publicado hasta el año 2017, cuyas  cifras han sido difundidas por la prensa y ampliamente comentadas tanto por autoridades, como por personeros de los partidos de gobierno, el Directorio Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales - ANEF – declara que “resulta lamentable que el informe en cuestión presente la información de dotaciones de servicios y ministerios sin establecer las fuentes de información, los formatos de tratamiento y depuración de esos datos, a diferencia de anteriores publicaciones en la materia”.

Este comunicado público firmado por el presidente de la ANEF Carlos Insunza y el secretario general José Pérez Debelli descarta “el supuesto incremento desmedido de contratas, entre septiembre 2017 a marzo 2018, revisadas las cifras es absolutamente evidente que el informe tiene errores metodológicos y de información que  desvirtúan absolutamente las conclusiones de la publicación”.

El comunicado gremial clarifica que “de los supuestos 14.000 funcionarios/as a contrata nombrados durante el referido periodo, nos parece  indispensable clarificar lo siguiente:  El informe establece un incremento de más de 7.000 contratas en el periodo mencionado para el Ministerio del Interior. Este dato es absolutamente errado, ya que hace aparecer la dotación de carabineros y policía de investigaciones, no contabilizadas para junio de 2017, como incremento de personal para diciembre de  2017 y marzo de 2018. Esta falsificación de los datos reduce el supuesto incremento a la mitad. Que respecto del universo restante, tal como hemos expresado reiteradamente, es por todos conocido que  8.000 de ellos corresponden al proceso de Regularización de Trabajadores/as a honorarios, establecida en  la Ley de Presupuesto del año 2017”.

La Anef califica como “una manipulación inaceptable de una publicación oficial del Ministerio de Hacienda, que sólo puede   explicarse por una actuación de mala fe de parte de los responsables de la misma, con el objetivo de justificar los  despidos arbitrarios e ilegales que hemos denunciado en el marco de la instalación del gobierno y que a la fecha   han afectado a más de 700 trabajadores en distintas reparticiones públicas”.

Por tanto, la ANEF exige  “al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos que clarifique esta información  y retiren el informe publicado, en tanto no se corrijan sus contenidos. Requerimos que ante la gravedad de la  situación, se tomen las medidas correspondientes en función de apartar del servicio público a los responsables de   esta inaceptable manipulación”.

El vicepresidente de la CUT Nolberto Díaz señaló a Cambio21 que “somos solidarios con lo que ha señalado la ANEF, llamamos al gobierno a en este tema tener una discusión seria a no lavarse la boca con los empleados públicos. Creo que esta discusión ha sido muy liviana por parte de algunos ministros, no corresponde ni que los ministros ni el Presidente de la República se refieran en estos términos a los empleados públicos y nos parece que en esta materia lo que hay que hacer es avanzar en mayor rigurosidad porque Chile no necesita menos empleados públicos , lo que necesita es más Estado y más y mejor empleados públicos que sirvan a la ciudadanía como corresponde en salud, educación, en los sistemas de Bienestar, etcétera”.

El dirigente insistió que “rechazamos este intento de pretender hacer creer que el gobierno anterior se dedicó a contratar sin criterios técnicos y en forma desatada. Los gobiernos contratan la gente que necesitan y tendrán que responder ante los organismos fiscalizadores por la gente contratada. Pero nosotros como CUT exigimos más respeto al trabajo humano”.

Según Díaz “a nosotros no nos gusta que cuando cambian los gobiernos salgan cientos de trabajadores y el que llega traiga otros, independiente de que cada funcionario público no puede ser que el Estado se convierta en un botín de los gobiernos de turno. Aquí lo que tiene que haber son contratos correctos, con concursos, respeto a la normas laborales y si hay despido porque tiene un mal desempeño y no porque piensa en color rojo, azul, verde. El aparato público tiene funcionarios que piensan distinto, pero sirven a su país y nosotros en ese sentido llamamos a una mayor seriedad y tampoco  hacer del tema de las contrataciones una baratija que se discute para rencillas políticas que solo buscan ganar míseros puntos en las encuestas”.

La senadora Adriana Muñoz precisó a nuestro medio que no se puede inventar un procedimiento fácil de despido de ningún trabajador, ni funcionario público, ni del mundo privado. Entonces, si se recurre a argumentos poco transparentes para el despido es siempre criticable. Yo entiendo que lo que están haciendo ellos (el gobierno) sin atenerse a ninguna reglamentación y argumentando que la administración anterior contrató a muchos operadores políticos, lo que siempre se puede poner en duda”.

“Ahora yo no sé si se disminuyen la cantidad de trabajadores o si entran como funcionarios de confianza del gobierno de turno. Hay un problema muy de fondo porque el Estado requiere de más funcionarios, pero en condiciones de trabajo decente no precario con honorarios. Hay quienes llevan 15, 20 años a honorarios sin ninguna protección social. Entonces, debería existir un sistema de carrera de los funcionarios”, señaló la parlamentaria.