Uno de los indicadores más utilizados para medir la estabilidad del sistema de partidos es el índice de Pedersen, que captura la volatilidad electoral agregada. En el caso chileno, es altamente improbable que este índice descienda bajo el umbral del 25% en elecciones de Diputados. Las razones son múltiples y estructurales.

 

La salida de 13 partidos del escenario electoral genera un efecto inmediato: la llamada volatilidad tipo A, es decir, aquella asociada a partidos que no concurren a la siguiente elección. Este componente, calculado en torno al 11,38%, ya asegura una base significativa de inestabilidad.

 

Además, la volatilidad tipo A no solo incluye partidos que desaparecen, sino también las votaciones de nuevos partidos que podrían irrumpir en el sistema y obtener apoyo electoral en 2029. El sistema chileno ha experimentado una fragmentación creciente desde 2013 en adelante, con incentivos para la proliferación de partidos pequeños. La desaparición de varios de ellos no implica necesariamente una consolidación ordenada, sino más bien una recomposición dinámica, donde nuevos referentes intentan ocupar espacios vacantes. Este proceso es otro factor que ayuda a mantener alta la volatilidad, pues los electores deben reubicarse en un mapa partidario en constante mutación.

 

La erosión de identidades políticas tradicionales y la baja confianza en las instituciones y actores políticos hacen que los votantes se desplacen con facilidad entre opciones desafiantes. En una política orientada a cargos, programáticamente débil y sin vínculos estables entre los partidos políticos y la sociedad, la volatilidad se convierte en un reflejo de la desafección ciudadana más que de la competencia programática.

 

En Chile, las coaliciones tienden cada vez más a ser heterogéneas y cambiantes, lo que también dificulta la continuidad de identidades partidarias reconocibles. La volatilidad se amplifica cuando los partidos se integran a pactos tácticos, se dividen o cambian de alianza, generando confusión en el electorado y fomentando la redistribución de votos.

 

La volatilidad tipo B corresponde al trasvase de votos entre partidos que compiten en dos elecciones consecutivas. Este componente refleja la movilidad electoral dentro del sistema ya existente y suele ser elevado en contextos de desafección y baja institucionalización del sistema de partidos. En Chile, donde las coaliciones cambian y los partidos carecen de anclajes ciudadanos sólidos, la volatilidad tipo B se convierte en un factor relevante en la mantención del índice en niveles altos.

 

Aun si se lograra cierta racionalización del sistema, la volatilidad estructural mínima derivada de la salida de partidos y la entrada de nuevos ya sitúa desde el inicio al índice de Pedersen en niveles elevados. Sumando la volatilidad tipo B, es difícil imaginar un escenario en que el agregado caiga bajo el 25%. En otras palabras, la inercia institucional y política del sistema chileno asegura que la volatilidad seguirá siendo un rasgo dominante, muy por sobre el 16,4% del promedio histórico desde el año 1932 en adelante.

 

La volatilidad electoral en Chile no es un accidente coyuntural, sino el resultado de un sistema de partidos des institucionalizado, con partidos débiles y coaliciones cada vez más inestables, lo que expresa una ya larga crisis de representación. La inminente desaparición de 13 partidos por no superar el umbral de existencia legal garantiza un piso de volatilidad superior al 11%, y la irrupción de eventuales nuevos partidos junto al trasvase de votos entre los sobrevivientes reforzarán la inestabilidad electoral.

 

Así, más que esperar una reducción automática, el desafío está en reconstruir partidos programáticos que fortalezcan identidades políticas, para que la competencia se traduzca en estabilidad democrática y no en un permanente reacomodo de partidos y coaliciones electorales y de gobierno.