Lo ocurrido recientemente en el sector eléctrico chileno no es un episodio menor ni un simple tropiezo técnico. Es una señal de alerta estructural que obliga a revisar, en su conjunto, el sistema de cálculo tarifario de la electricidad. Y lo es aún más cuando el país enfrenta uno de los precios finales de la energía más altos de la región, pese a contar con una de las matrices de generación renovable más dinámicas y abundantes del mundo.

El último error: cuando los datos fallan, falla la tarifa

Conviene partir por los hechos. El último error detectado se originó en inconsistencias relevantes en la información de activos y costos de transmisión reportada por empresas del sistema eléctrico y utilizada como insumo para la fijación tarifaria. Esos antecedentes —insuficientemente respaldados, incompletos o metodológicamente defectuosos— impactaron directamente en el cálculo de cargos que luego se trasladan a los consumidores finales a través de la cuenta de la luz.

No se trata de una discrepancia interpretativa marginal. Son datos erróneos en la base misma del cálculo, lo que obliga a corregir tarifas ya aplicadas y a discutir compensaciones posteriores. En otras palabras: el sistema permitió que información defectuosa ingresara al proceso regulatorio sin un control suficientemente robusto, generando efectos económicos reales sobre millones de hogares y empresas.

Ese solo hecho debería encender todas las alarmas institucionales. Cuando un sistema tarifario depende críticamente de información entregada por los propios regulados, sin auditorías externas fuertes, sin validación técnica independiente y sin mecanismos automáticos de corrección, el riesgo de sobrecobros deja de ser eventual y pasa a ser estructural.

El verdadero problema no es el error, sino el diseño que lo permite

Centrar el debate exclusivamente en la corrección puntual del error —o en si habrá devoluciones— es quedarse corto. El problema de fondo es que el diseño del sistema admite que estos errores ocurran y se traspasen a precio, sin detección temprana ni responsabilidad efectiva.

El modelo tarifario chileno se ha vuelto excesivamente complejo: múltiples componentes, fórmulas opacas, informes técnicos extensos y una trazabilidad difícil incluso para especialistas. Esa complejidad, lejos de proteger al consumidor, ha terminado debilitando la fiscalización pública y el control democrático. Un sistema que no puede ser comprendido ni auditado razonablemente es, por definición, un sistema frágil.

La paradoja chilena: energía cara en un país con abundante generación renovable

Este problema se agrava por un dato estructural que resulta imposible de ignorar. Chile paga la energía eléctrica a precios altos en comparación internacional, incluso frente a países con menor desarrollo institucional o menor capacidad de generación. Esto ocurre pese a que Chile ha realizado una de las transiciones más exitosas hacia energías renovables no convencionales: solar, eólica y otras fuentes limpias representan hoy un porcentaje significativo de la matriz.

La lógica económica indicaría que una mayor oferta renovable, de bajo costo marginal, debiera traducirse en precios finales más bajos. Sin embargo, esa señal no llega al usuario. ¿Por qué? Porque el precio final no está determinado solo por la generación, sino por un entramado regulatorio —transmisión, distribución, cargos adicionales, estabilizaciones— que no está cumpliendo adecuadamente su función de traspasar eficiencia al consumidor.

Cuando, además, ese sistema muestra errores en sus datos base, el resultado es doblemente grave: energía estructuralmente cara y, encima, mal calculada.

Un deber jurídico e institucional impostergable

La electricidad no es un bien cualquiera. Es un servicio esencial, una infraestructura crítica y un componente central del bienestar social y la competitividad económica. Desde el derecho público, esto activa principios claros: transparencia, proporcionalidad, razonabilidad del cobro, confianza legítima y responsabilidad del Estado regulador.

Un sistema tarifario que produce sobrecargos por fallas estructurales, que es incomprensible para la ciudadanía y que no refleja adecuadamente las ventajas de una matriz energética moderna, incumple esos principios. No basta con parches ni con correcciones tardías. Se requiere una revisión integral del sistema de cálculo tarifario, tanto en su diseño normativo como en sus mecanismos de control.

La revisión ya no es una opción política, es una obligación

Chile debe asumir que ha llegado a un punto de inflexión. Seguir administrando este modelo a través de ajustes marginales solo profundizará la desconfianza ciudadana y mantendrá una paradoja inaceptable: un país líder en energías renovables, pero con tarifas eléctricas altas y un sistema incapaz de prevenir errores graves.

Revisar el sistema no es ir contra el sector eléctrico. Es exactamente lo contrario: es proteger su legitimidad, asegurar su sostenibilidad y alinear sus reglas con el interés público. En materia eléctrica, como en toda regulación esencial, el verdadero costo siempre lo paga el país cuando se rehúye la reforma estructural.