A través de un oficio, el organismo fiscalizador exigió a todos los establecimientos y entidades estatales detallar, en un plazo de 10 días hábiles, las medidas de control interno que han aplicado ante hechos delictivos ya judicializados.

En concreto, las entidades deben informar qué mecanismos preventivos, detectivos y correctivos tienen en funcionamiento, además de entregar detalles como las fechas de ocurrencia de los hechos, número de implicados, procesos disciplinarios y sanciones impuestas.

Desde Contraloría reconocen que el foco de esta ofensiva no está solo en los hechos delictivos ya cometidos, sino en una interrogante mayor: ¿Qué se ha hecho realmente para que no vuelvan a ocurrir?

Los antecedentes que justifican el oficio

La acción, firmada por la Contralora Dorothy Pérez, enumera una preocupante serie de casos recientes de corrupción que han afectado a diversas instituciones a lo largo del país, muchos de ellos detectados gracias a denuncias internas o investigaciones policiales.

Entre los hechos más graves destaca un funcionario en Calama acusado de cohecho por filtrar fiscalizaciones de patentes de alcohol, y otro que utilizó una vivienda fiscal para esconder armas y proteger a una banda criminal.

En Chillán, un empleado público fue arrestado por la PDI al ser sorprendido traficando drogas que debía incinerar. Y en Tarapacá, 13 funcionarios fueron detenidos por cobrar dinero a ciudadanos para omitir controles legales.

En Santiago, los escándalos tampoco han pasado desapercibidos: uno de los casos involucra a un funcionario acusado de cohecho, asociación ilícita y ejercicio ilegal de funciones públicas. Otro fue condenado por cohecho y negociación incompatible tras recibir pagos a cambio de adjudicar obras municipales.