Los F-5 cumplen 50 años en Chile. Es una cifra impresionante y también una señal inequívoca de que ha llegado el momento de pensar no solamente en su reemplazo, sino en qué Fuerza Aérea quiere tener Chile durante las próximas décadas.

Hay, sin embargo, una pregunta previa que conviene responder: ¿es indispensable retirar ahora los F-5 o todavía es posible prolongar su vida operacional?

La respuesta parece estar entre ambas posiciones. Los F-5 Tigre III siguen volando y demostrando que todavía pueden prestar servicios. Este mismo año participaron junto a los F-16 en el ejercicio multinacional Salitre 2026. La FACh, además, ha destacado que la modernización que dio origen al Tigre III permitió extender su vida útil y dotarlo de nuevas capacidades. 

Pero una cosa es que un avión todavía pueda volar y otra muy distinta es que resulte conveniente seguir invirtiendo en él como plataforma principal de combate. La propia FACh ha señalado que, después de cinco décadas de servicio, el F-5 ha llegado a un límite en materia de capacidad tecnológica e integración electrónica y que una nueva actualización ya no sería costo-efectiva. 

Ahí está probablemente el punto de equilibrio: no retirar prematuramente una capacidad que todavía puede ser útil, pero tampoco gastar recursos escasos en intentar transformar al F-5 en lo que ya no puede ser.

La cuestión de fondo es otra.

La salida de los F-5 debiera ser aprovechada para definir la arquitectura del poder aéreo chileno de los próximos 30 o 40 años. Y eso exige mirar más allá de la simple compra de un determinado número de aviones.

Chile ya tiene una enorme ventaja: posee una flota F-16, experiencia operacional, infraestructura, personal especializado, entrenamiento y una cadena logística construida durante años. En defensa, todo eso tiene un valor que no aparece en el precio de catálogo de un avión.

Por eso, antes de abrir la puerta a una nueva flota de origen completamente distinto, debiera estudiarse seriamente una solución que profundice lo que Chile ya conoce y opera: más F-16, pero concebidos como parte de una transición tecnológica y no como una compra aislada.

Una posibilidad sería negociar una combinación de aeronaves en configuraciones diferentes, por ejemplo una parte basada en la experiencia del F-16 Block 50 y otra en el estándar del F-16 Block 70, en una proporción que podría ser estudiada en torno al 50% y 50%, siempre que los análisis operacionales, financieros y tecnológicos lo justifiquen.

El objetivo no sería tener dos aviones distintos por gusto, sino utilizar la adquisición para dar un salto de capacidades.

El contrato debería ser evaluado como un sistema completo: radar, guerra electrónica, sensores, enlaces de datos, armamento, simuladores, entrenamiento, repuestos, mantenimiento y capacidad de actualización durante toda la vida de la flota. La pregunta no es cuánto cuesta comprar cada avión, sino cuánto cuesta mantener durante treinta años una capacidad de combate creíble.

Y aquí aparece una posibilidad que hasta hace poco parecía lejana y que hoy la propia FACh reconoce que está estudiando: el F-35.

Eso debería llevar a Chile a pensar en términos de secuencia, no de una compra única.

Si existe la posibilidad política y tecnológica, una negociación gobierno a gobierno con Estados Unidos debería intentar establecer una hoja de ruta de largo plazo: F-16 como columna vertebral de la transición y una eventual incorporación futura de F-35 como capacidad de quinta generación, sin cerrar hoy las puertas de mañana.

No necesariamente se trata de comprar F-35 ahora. Podría tratarse de explorar opciones, entendimientos o compromisos de adquisición futura sujetos a las autorizaciones y condiciones que correspondan. En defensa, donde las adquisiciones involucran relaciones estratégicas entre Estados, ciclos tecnológicos y décadas de sostenimiento, planificar con anticipación puede ser tan importante como comprar.

Lo que sí parece poco razonable es construir una nueva fuerza aérea basada en una mezcla creciente de plataformas de distintos orígenes sin evaluar cuidadosamente el costo de esa diversidad.

Cada nuevo sistema significa entrenamiento diferente, simuladores distintos, repuestos, herramientas, infraestructura, software, armamento, mantenimiento y cadenas logísticas adicionales. La diversidad puede tener justificaciones operacionales, pero no es gratis. Una fuerza aérea no se administra como una colección de aviones: se administra como un sistema.

Y ese sistema hoy tiene una dimensión que puede ser incluso más importante que los propios cazas: el espacio.

Chile ha avanzado en observación satelital, pero la discusión de defensa espacial no puede limitarse a mirar desde arriba. Una fuerza aérea moderna necesita también comunicaciones seguras, enlaces de datos, navegación, transmisión de información y redundancia frente a eventuales interferencias o interrupciones.

Un F-16 moderno o un eventual F-35 forman parte de una red. Su valor depende crecientemente de la información que reciben, procesan y transmiten.

Por eso, junto con decidir qué reemplazará a los F-5, Chile debería acelerar una infraestructura espacial de defensa que contemple observación y telecomunicaciones, integrada con radares terrestres, aeronaves, centros de mando y sistemas de inteligencia.

El reemplazo de los F-5 puede terminar siendo mucho más que una renovación de aviones.

Puede ser la oportunidad para decidir si Chile seguirá comprando capacidades de manera fragmentada o si, por primera vez, construirá una arquitectura de defensa aérea y espacial pensada para las próximas tres o cuatro décadas.

Los F-5 pueden todavía tener un papel durante la transición. Pero su retiro no debería ser el punto de partida de una compra de emergencia. Debería ser el punto de partida de una estrategia aérea de largo plazo.