El ministro Carlos Aldana dictó las penas en contra de los responsables del operativo que desarrolló la Central Nacional de Informaciones (CNI) en agosto de 1984 para descabezar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el sur del país, operación denominada Alfa Carbon 1.

En la sentencia Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI, recibió una pena de 25 años de cárcel, los que se suman a los de sus otras condenas por violaciones de derechos humanos, según informó radio Bío Bío.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que el 23 y 24 de agosto de 1984 la CNI montó una operación en las ciudades de Talcahuano, Concepción, Los Ángeles y Valdivia para dar muerte a los integrantes del MIR Luciano Aedo Arias, Nelson Herrera Riveros, Mario Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala, quienes habían sido seguidos por los agentes por su vinculación con el grupo de izquierda.

La sentencia fue entregada este viernes por el ministro para causas por violación de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, tras la investigación de casi una década por los homicidios calificados. 17 exmiembros de la CNI, según el fallo, integraron una asociación ilícita para ejecutar los asesinatos, entre ellos tres perpetrados en la arista Vega Monumental de Concepción.

En el grupo de los condenados aparece quien fuera el segundo jefe de la CNI a nivel nacional, Marcos Derpich, así como Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la central, quien ya cumple condenas por violación de derechos humanos en el penal Punta Peuco. Ambos recibieron penas de 25 años de cárcel.

Uno de los acusados, Manuel Morales, fue finalmente absuelto por el ministro Aldana, mientras que Luis Moraga recibió la condena más baja, cinco años con el beneficio de la libertad vigilada.

En la sentencia de 312 páginas el juez especial otorga una indemnización de alrededor de 810 millones de pesos para los familiares de las víctimas, reparación que deberá cancelar el Fisco al ser los homicidas exagentes de Estado.