La Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer el séptimo balance sobre sumarios por mal uso de licencias médicas en el sector público, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara que 40.629 habrían sido incumplidas, correspondientes a 29.270 funcionarios involucrados.

De acuerdo al informe, del total de involucrados, 23.745 funcionarios continúan en el servicio, mientras 5.525 ya no se encuentran trabajando. De estos últimos, 2.947 están siendo objeto de sumario administrativo pese a no seguir desempeñándose en el servicio.

Del total de funcionarios a investigar, 25.352 sumarios han sido instruidos y de los cuales 21.098 continúan con sus procesos en curso; mientras, 4.254 personas se encuentran con sus procesos con resolución. De ellos, 2.711 funcionarios tienen sus casos a la espera de cierre o ejecución de la medida disciplinaria, donde se encuentran las que fueron impugnadas por el funcionario, entre otros.

Desde la Dipres señalaron que 1.543 funcionarios cuentan con procesos que han sido cerrados, y se encuentran con alguna resolución ejecutoriada: 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, por lo que el proceso se cerró sin sanción y otros 262 han sido destituidos.

Adicionalmente, 584 cerraron su proceso con la medida disciplinaria de censura; 65 recibieron la medida disciplinaria de suspensión en el empleo; y a 55 funcionarios le fue aplicada la medida disciplinaria de multa. Del total de casos cerrados sin sanción, estos se explican por distintos motivos que en la etapa investigativa se deben certificar, situaciones que además cuentan con la revisión de la CGR para su toma de razón.

Por otra parte, la Dipres dio cuenta que la duración promedio de las licencias involucradas es de 22,1 días. Considerando las remuneraciones promedio, que ascienden a $1,9 millones bruto durante el periodo, se estima que los funcionarios a los que se impartirá sumario recibieron $36.876 millones en remuneraciones durante sus ausencias. 

Cabe destacar que 1.009 funcionarios presentaron su renuncia antes de instruirse un procedimiento disciplinario en su contra.

Según los informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) de la CGR, el 33% de los casos corresponden a salidas del país, 1% a atención de partos, 5% a emisores investigados penalmente, 5% a salidas del país en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 21% a asistencia a casinos de juegos y 35% a salidas del país en servicios regionales.