Hay frases que retratan una política completa.

“Hemos llegado a la conclusión de que hay que tener varias filas, no una sola fila”.

No es un desliz. Es una confesión.

Con esas palabras, el ministro de Vivienda Carlos Montes reconoce explícitamente que el Estado chileno abandonó el principio mínimo de justicia en materia habitacional: el de tratar igual al que cumple que al que se salta la ley. Más aún, reconoce algo peor: que hoy se está premiando activamente al que usurpa, mientras se posterga —otra vez— al que esperó décadas haciendo las cosas bien.

La escena es brutal. Familias que llevan 10, 15 o 20 años en comités de vivienda, cumpliendo requisitos, ahorrando, soportando promesas incumplidas, ven cómo el Estado destina $11 mil millones para expropiar terrenos ocupados ilegalmente en San Antonio, con el objeto de construir viviendas para quienes decidieron tomarse el suelo por la fuerza.

Y frente a la indignación legítima de quienes nunca usurparon, la respuesta oficial es que ahora hay “varias filas”.

No.

Eso no es política habitacional.

Eso es una burla institucionalizada.

Porque no estamos ante una catástrofe natural ni una emergencia sobreviniente. Estamos ante una toma masiva, sostenida en el tiempo, conocida por la autoridad, tolerada por años y ahora —en los hechos— regularizada con recursos públicos. El mensaje es inequívoco: si espera, pierde; si ocupa, gana.

El decano de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Central lo dijo sin eufemismos: es injusto, absolutamente. Y tiene razón. No se trata de falta de sensibilidad social; se trata de romper el contrato básico entre el Estado y el ciudadano. Ese contrato dice algo muy simple: cumplir la ley no puede convertirte en el tonto útil del sistema.

Lo más grave es la mentira que subyace a todo esto. Porque el gobierno intenta instalar la idea de que no había recursos, de que el déficit es inabordable, de que la espera era inevitable. Pero los recursos sí existían. Aquí están, disponibles, rápidos y eficaces… cuando hay presión, usurpación y conflicto.

Para los que esperan en silencio, no hay suelo.

Para los que ocupan, hay expropiación exprés.

Eso no es escasez.

Eso es una decisión política.

Y es una decisión profundamente dañina. Porque destruye los incentivos correctos, erosiona la confianza pública y deja una enseñanza peligrosa para el país entero: la legalidad no paga. Bajo este esquema, el próximo comité responsable es el próximo perjudicado. El próximo campamento, es el próximo beneficiado.

No se trata de negar la complejidad del problema habitacional ni de desconocer dramas sociales reales. Se trata de algo mucho más básico: el Estado no puede legitimar la ilegalidad como política pública, ni mucho menos hacerlo a costa de quienes cumplieron durante décadas.

Decir que hay “varias filas” no arregla la injusticia.

La consagra.

Y un Estado que premia al que se salta la fila no resuelve el problema de la vivienda: destruye la idea misma de justicia social.

Porque sin reglas comunes, sin igualdad ante el esfuerzo, sin consecuencias claras, no hay política habitacional.

Solo hay abuso.